La asociación JUCIL ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil que los dispositivos de toma de imagen y sonido pasen a ser elementos de dotación del agente “sin perjuicio de que puedan ser adquiridos por el propio guardia civil interesado en contar con ello”.
JUCIL considera que disponer de un sistema de grabación de toda la intervención policial beneficia a los ciudadanos, que contarán con un mejor elemento de prueba de cómo han ocurrido los hechos
“Esta Asociación Profesional pide que se dicten las disposiciones normativas precisas que garanticen la seguridad, física y jurídica de los miembros de la Guardia Civil, y que, por tanto, se autorice el uso de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los guardias en el ejercicio de sus funciones; pasando a ser elementos de dotación, y sin perjuicio de que incluso puedan ser adquiridos por los miembros de la Guardia Civil interesados en contar con ellos” ha explicado el secretario general de esta asociación.
Añade que existen lugares en los que, por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos, los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal. “En esos supuestos se incrementa el nivel de inseguridad del guardia civil; tanto a nivel físico, ya que disminuyen sus posibilidades de defensa ante un ataque, como a nivel jurídico, puesto que se le genera una manifiesta indefensión ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos, y someter la cuestión a un juicio de credibilidad” añade Ernesto Vilariño. “Y esto es algo con mayor relevancia en lugares de especial conflictividad y/o nivel delincuencial, donde grupos organizados y experimentados recurren de forma habitual a la denuncia o queja por la intervención de los miembros de la Guardia Civil, alegando vulneraciones de derechos fundamentales”.
En beneficio de los ciudadanos
Dejan claro que también es un beneficio para los ciudadanos, que podrán contar con un elemento de prueba que les permitirá el pleno uso del derecho de defensa frente a los hechos – penales o administrativos- que le imputen los miembros de la Guardia Civil.
