Pamplona vuelve a ser escenario de una violación grupal, esta vez protagonizada por cuatro hombres magrebíes en situación irregular, tres de los cuales contaban con órdenes de expulsión pendientes. La víctima, una joven universitaria, fue atacada tras una fiesta en la Ciudad Deportiva Amaya y hallada semiinconsciente bajo un árbol, en una zona aislada, con signos evidentes de agresión sexual.
Un caso que evidencia fallos del sistema
Los agresores vivían en asentamientos ilegales y, según informes policiales, llevaban tiempo generando conflictos en la zona. A pesar de las advertencias, el Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por Bildu, ignoró los informes policiales que alertaban sobre la peligrosidad del grupo. Este suceso pone en evidencia la ineficacia del sistema migratorio y judicial, que no ejecutó las órdenes de expulsión, permitiendo que individuos con antecedentes policiales siguieran en libertad.
¿Doble rasero mediático y político?
La agresión ha despertado comparaciones inevitables con el caso de La Manada de 2016, también en Pamplona, donde cinco hombres españoles fueron condenados por violación. Aquel caso desató una ola de movilizaciones feministas, cobertura mediática masiva y debates legislativos que culminaron en la polémica ley del «solo sí es sí». En contraste, la reciente violación grupal por parte de extranjeros ha recibido una atención mucho más limitada, tanto en medios como en redes sociales.
Lo más llamativo es el silencio de los sectores políticos y feministas de izquierda, que en su momento lideraron manifestaciones, concentraciones y campañas de denuncia contra los agresores españoles. Hoy, ante un caso igual de atroz —o incluso más grave por la reincidencia y situación irregular de los autores— optan por la omisión, evitando pronunciarse o movilizarse. Esta actitud ha sido criticada por diversos sectores que denuncian una doble vara de medir según el origen de los agresores.
Pamplona, ciudad marcada por la violencia sexual
Desde el caso de La Manada, Pamplona ha sido tristemente asociada a agresiones sexuales grupales. Entre 2017 y 2025, se han registrado varios casos similares, algunos protagonizados por individuos extranjeros en situación irregular. Sin embargo, la respuesta institucional y social ha sido desigual, lo que genera preocupación sobre la coherencia del discurso feminista y la eficacia del sistema judicial y migratorio.
Este nuevo episodio exige una reflexión profunda: ¿por qué se silencia una violación grupal cuando los agresores no son españoles? ¿Dónde queda el compromiso con las víctimas, independientemente del origen de los agresores? La justicia, la seguridad y la dignidad de las mujeres no deberían estar condicionadas por ideologías ni por cálculos políticos.
