El letrado reconoce los hechos y recibe una multa de 720 euros y dos años de suspensión profesional por parte del Colegio de Abogados
Un abogado ha sido sancionado después de que una mujer, víctima de violencia de género, lo sorprendiera masturbándose durante una videollamada mantenida en el marco de su representación legal. El incidente, que la afectada denunció de inmediato, ha sido considerado una conducta especialmente grave por el Colegio de Abogados, dada la situación de vulnerabilidad de la víctima y la obligación de protección que rige la relación profesional.
El letrado ha asumido los hechos, lo que ha permitido agilizar el procedimiento disciplinario.
⚖️ Sanción disciplinaria: multa y suspensión
El Colegio de Abogados ha impuesto dos medidas:
- Multa de 720 euros, en aplicación del régimen sancionador interno.
- Suspensión del ejercicio profesional durante dos años, una de las sanciones más severas contempladas para faltas de carácter muy grave.
La corporación profesional ha subrayado que este tipo de comportamientos comprometen la integridad de la profesión y dañan la confianza de quienes acuden a los servicios jurídicos en situaciones de especial sensibilidad.
Víctimas en situación de vulnerabilidad: un deber reforzado
El caso ha generado preocupación entre operadores jurídicos y entidades de apoyo a víctimas de violencia de género. La mujer, que acudía al abogado buscando asesoramiento y acompañamiento en un proceso ya de por sí traumático, se encontró con una conducta que quiebra los principios de respeto, protección y confidencialidad que deben regir la relación entre profesional y cliente.
Expertos en atención a víctimas recuerdan que la intervención de abogados, psicólogos y trabajadores sociales debe garantizar entornos seguros, libres de intimidación y de cualquier forma de violencia sexual, incluida la ejercida en contextos digitales.
Un caso que interpela a la profesión
La sanción, aunque firme, no cierra el debate sobre la responsabilidad de los colegios profesionales en la detección temprana de comportamientos que puedan poner en riesgo a personas vulnerables. El caso recuerda que la violencia sexual puede manifestarse también en espacios institucionales y que la respuesta debe ser contundente, transparente y orientada a la protección de las víctimas.
