Sacrificaros por mi

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Sánchez ha pedido a la población un sacrificio para que ahorren energía, pero es un “plan de ahorro” que conlleva algo más que un sacrificio azteca, puesto que incide en la seguridad de los ciudadanos, pero también en su economía, por no decir que afecta otra vez directamente a sus derechos y libertades.

Sánchez pide a sus ciudadanos que se sacrifiquen por él, que representa el derroche energético los 365 días al año, con su Falcon, sus helicópteros Super Puma, coches oficiales, masiva escolta, incluso en muchos de los casos utilizados para fines particulares.

Eso sí, todo a costa del erario público que abonamos los ciudadanos, pero también en sus ministerios se practica el gasto desmesurado, cuyo ahorro ahora se le exige a los ciudadanos de a pie. Es un cara piedra. Sí, digo de a pie, dado que cada vez será más frecuente caminar o ir en todo caso en patinete, puesto utilizar el coche privado ya es un imposible para muchas familias.

Sánchez no puede pedir responsabilidad a los ciudadanos cuando es el primero en trasgredir diariamente el ahorro energético solicitado. No puede imponer sin un criterio racional las mismas medidas para el Norte que para el Sur. No es lo mismo Santander que Córdoba, ni Madrid que A Coruña, al ignorar su casuística dispar. No puede ser de recibo que se impongan unas medidas sin contar con los agentes sociales (empresarios y trabajadores), como bien ha dicho en este caso Ximo Puig. Menos aún, cuando la legislación laboral impide que un trabajador ejerza su profesión con temperaturas superiores a los 25 grados.

Las medidas aprobadas en el Real Decreto serán recurridas por diversas comunidades autónomas, entre ellas Madrid ya que invaden ostensiblemente competencias autonómicas.

Es cierto, que España debe adoptar medidas racionales para reducir el consumo de energía, pero dichas medidas requieren un estudio pormenorizado para armonizar el ahorro con la economía y la seguridad, sin que puedan suponer otra intromisión en las libertades que desembocarían en su inconstitucionalidad, como ya hemos comprobado en los tres revolcones que el gobierno sufrió de manos del Tribunal Constitucional al declarar la ilegalidad de los Estados de Alarma.

A modo de ejemplo, apagar las luces de los escaparates de  establecimientos privados a las 22:00 horas va a suponer una oscuridad nunca vista ni en la propia pandemia, que sin duda afectará al consumo, pero  también a la seguridad de los propios ciudadanos. La violencia con las calles casi oscuras podría campear a sus anchas, sin esas luces de los escaparates que contribuyen a su luminosidad de forma notable.

La Solidaridad individual y colectiva se hace necesaria, ahora bien las medidas de ahorro energético aprobadas en el Real Decreto Ley no pueden arruinar más nuestra economía, además algunas de ellas tienen un tufo autoritario que nos recuerda al encierro al que ilegalmente nos sometió este mismo gobierno.

Ahora, nos vuelven a encerrar indirectamente ante la inseguridad que nos puede acechar al salir de nuestras casas por la noche, incluso para bajar la basura. Han apagado el poder judicial y ahora están apagando las calles, lo que provocará una fuerte caída del consumo, especialmente en el sector servicios. Dijo Sánchez “La ley en España se cumple”, menos en Cataluña y en otras partes que brilla por su ausencia. Lo comprobamos todos los días. Por todo ello, no podemos sacrificarnos por ti.

Manuel Novás Caamaño, abogado, para h50 Digital

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