La Unión Federal de Policía (UFP) considera que el debate sobre la acampada de la Puerta del Sol debe centrarse en una cuestión fundamental:
¿por qué se permitió que el asentamiento comenzara y terminara consolidándose?
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tenía conocimiento de la concentración y del dispositivo policial desplegado. Cuando comenzaron a instalarse las tiendas, la Policía Nacional se retiró de sus posiciones.
Ese es el momento sobre el que UFP exige explicaciones.
Una cosa era actuar cuando comenzaban a instalarse las primeras tiendas y otra muy diferente hacerlo ahora, con un asentamiento consolidado y numerosos derechos, competencias y garantías jurídicas en juego.
El propio delegado ha afirmado que «mientras no haya disturbios, a la Policía Nacional no le corresponde actuar».
UFP rechaza reducir la función policial a esperar a que se produzcan disturbios. La seguridad ciudadana también implica prevención, protección de derechos y libertades y garantía de la convivencia.
Respetamos el derecho de reunión y manifestación, pero este debe compatibilizarse con los derechos del resto de ciudadanos: utilización del espacio público, libertad de circulación y normal desarrollo de la actividad de trabajadores, comerciantes y establecimientos, además del impacto sobre una de las principales zonas turísticas de Madrid.
Los derechos no funcionan en una única dirección y la Puerta del Sol pertenece a todos.
La situación actual, además, es jurídicamente mucho más compleja. Una vez consolidado el asentamiento, cualquier actuación deberá contar con suficiente cobertura legal y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. Ante problemas de seguridad ciudadana, orden público, salubridad o riesgo para personas y bienes deberán adoptarse las medidas legalmente procedentes.
Precisamente por eso la cuestión fundamental está en lo ocurrido al inicio.
¿Qué instrucciones recibió la Policía Nacional cuando comenzaron a instalarse las tiendas? ¿Quién decidió no impedir la consolidación del asentamiento? ¿Existió una orden de retirada? ¿Con qué fundamento jurídico y operativo?
Los policías desplegados en Sol cumplen las órdenes que reciben. No corresponde al agente decidir qué concentración puede permanecer o qué asentamiento debe levantarse.
Por ello, UFP no aceptará que ahora se coloque a los policías en primera línea para resolver las consecuencias de decisiones que ellos no adoptaron. Exigimos, como siempre, transparencia y responsabilidades.
Los policías cumplen órdenes. Quienes las imparten deben responder por ellas.
