Agentes de la Policía Nacional han logrado la detención de uno de los dos autores de una brutal agresión a un policía nacional de la Comisaría de Elche. El detenido, como informa Jupol, sería un menor de edad y de etnia gitana, y pasará a disposición de la Fiscalía de Menores a lo largo del día de hoy.
Desde JUPOL destacan la profesionalidad, eficacia y rapidez con la que se ha desarrollado la investigación, que ha permitido identificar y detener a uno de los responsables en un tiempo récord, demostrando el alto nivel de compromiso y entrega de los miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, este nuevo episodio de violencia protagonizado por menores vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar y reformar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM). Casos como el de Elche evidencian que la legislación vigente no ofrece una respuesta proporcional a la gravedad de determinados delitos cometidos por jóvenes, especialmente en el tramo de edad de 14 a 18 años, donde se registran agresiones muy graves con penas que resultan claramente insuficientes.
Endurecer penas y reforzar la protección a las víctimas y agentes
JUPOL exige al Gobierno y a los grupos parlamentarios que impulsen de manera inmediata una reforma de la Ley del Menor para endurecer las penas en los delitos graves cometidos por menores, evitar la sensación de impunidad y garantizar una verdadera protección a las víctimas. Asimismo, reclamamos que se estudie la reducción de la edad de responsabilidad penal y se refuercen las medidas de control y reeducación, pero siempre con un marco legal que actúe de forma efectiva ante delitos de extrema violencia.
Desde el sindicato insistimos también en la necesidad de otorgar una mayor protección jurídica para los agentes de la Policía Nacional, que a menudo se enfrentan a situaciones de alto riesgo en las que la actual normativa limita su capacidad de actuación y deja desprotegidas tanto a las víctimas como a los propios policías.
Tolerancia cero contra la violencia juvenil
Para JUPOL, la escalada de agresiones, robos y otros delitos graves protagonizados por menores es un problema creciente que exige una respuesta firme por parte de las instituciones. El Ministerio del Interior no puede permanecer pasivo ante esta realidad, y es urgente dotar a los agentes de más recursos y herramientas legales para prevenir y combatir la delincuencia juvenil, además de implementar programas eficaces que actúen sobre las causas que la generan.
