Que no haya impunidad

Son días difíciles, como nunca nos había tocado vivir, y es justo en estos días cuando nos golpea en el rostro el reflejo nítido de lo que somos como sociedad.

Lo digo en todas mis ponencias, allí donde me invitan: Cuando mejor se ve en manos de quién estamos, es en las grandes batallas, en los 11M, en los Nunca Máis… o en estos días de confinamiento y muerte.

El país se vuelve a dar cuenta de quiénes son los guerreros que jamás dejan a nadie atrás, los que se ponen mascarillas y salen a dar todo lo que tienen, ya sea en un coche patrulla, un hospital o un supermercado.

Pero también en tiempos de cólera como estos, se hace más obvio que nunca a quién escogen los políticos para protegerles cuando vienen mal dadas, para protegerles a ellos, a su discurso, para perpetuarles en el poder, no para proteger a los ciudadanos.

Las ruedas de prensa que tanto nos han abochornado una tras otra, dejan poca margen de duda sobre cómo y con quién se forma la pirámide jerárquica en la administración.

El modelo está diseñado para proteger la estructura de poder, y en él, tanto civiles como policías, somos simples números en una estrategia macabra de supervivencia política.

Las cosas al final salen, porque los guerreros nunca fallan.

Pero esta vez quizá sea el momento de plantarse. Van once mil seres humanos muertos, que serán muchos más, de hecho ya son muchos más.

Estamos dejando morir a la generación que aparcó el odio para volver a abrazarse, que trabajó sin desmayo para salir adelante, que nos dejó un país en bandeja de plata para los que el activismo era hacer mucho…y hablar poco.

Como sociedad, si queremos poder volver a mirarnos a la cara frente a un espejo, no podemos dejar que esto quede impune, da igual cual sea tu ideología, esto ya es una cuestión de dignidad.

La asociación que presido, Una Policía para el S.XXI, ha dado ya un paso para intentar esclarecer responsabilidades penales dentro de nuestras posibilidades en forma de denuncia penal. No tenemos socios de cuota, lo que nos impide obtener dinero para una posible querella, así que nos hemos limitado a dar una relación de hechos objetivos que pueden conducir al tribunal a deducir delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores, y quizá homicidios por imprudencia grave.

Resulta difícil desde nuestra posición ir más allá, por eso le pedimos al juez instructor que lo haga. No podemos olvidar que nos enfrentamos a quizá al ministerio del interior menos transparente de toda la democracia. A los hechos me remito: Embajada de México, Informe Marlaska, Delcy Gate…

Por eso creemos que es importante, que por una vez, sindicatos y asociaciones policiales representativas de los diferentes cuerpos, que sí tienen capacidad económica, se unan en una gran querella criminal dirigida contra toda la cúpula de Interior.

Si el Ministro, el Secretario de Estado, los directores generales y todos los mandos policiales que tuvieren responsabilidad, salen de esta sin sentarse frente a un tribunal, habrá que perder toda fe en la justicia…y quitarle la venda.

La historia de estos días es la historia de un modelo policial fracasado, que se repetirá la próxima vez que vengan mal dadas a menos que aparezca algún estadista que decida cambiar las cosas de una maldita vez.

Si bien el trabajo policial es pragmático y se basa en la experiencia sobre el terreno, nunca en las creencias, el modelo actual antepone las ideologías a los hechos, el fanatismo a la prudencia y la improvisación a la planificación.

Esta historia criminal comienza en el mes de enero; entonces, varios organismos internacionales, como El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunido en Ginebra, avisan ya de lo que viene, y marcan algunas pautas para responder con eficacia, entre ellas la del distanciamiento social.

Sabemos, porque se le escapó al Ministro Pedro Duque en una rueda de prensa, que el Gobierno español ya está alertado en esas fechas del peligro que acechaba.

Dentro del cuerpo al que tengo el honor de pertenecer: la Policía Nacional, comienzan a producirse movimientos por debajo de la cúspide de la pirámide jerárquica, y el día 24 de enero, el mayor experto en riesgos labores que tiene la Policía, José Antonio Nieto González, jefe de la Unidad de Prevención, prepara una nota informativa con medidas de autoprotección, entre ellas, la utilización de guantes y mascarillas.

La nota acaba filtrada a los medios y se produce el choque entre el mensaje político de “todo está controlado”, que pretendía llegar a toda costa hasta el 8M para continuar utilizando el feminismo y a las mujeres muertas de forma partidista, y el mensaje profesional de un verdadero experto. Al final, como siempre, triunfó la vía de aquellos que escogen proteger a la estructura de poder antes que a los ciudadanos, en este caso policías, y el agente en cuestión acaba siendo cesado.

Desde Una Policía para el S.XXI creemos que esta decisión supone un delito de prevaricación, y habrá que ver de manera individual si delitos de homicidio por imprudencia grave.

La destitución del máximo responsable de riesgos laborales se efectúa como respuesta a una evaluación que es adecuada y a una actuación correcta dentro del marco de sus competencias en el ámbito sanitario profesional, decisión que se produce sin criterio defendible, ya que la “confianza” no es un argumento válido para ocupar un puesto técnico, y su pérdida tampoco lo es para expulsar a un técnico del puesto que ocupa.

Se trata de un cargo que requiere autonomía y no dependencia. En tal caso estamos ante una decisión arbitraria adoptada a sabiendas de su injusticia, al parecer en beneficio de una agenda política.

La decisión de cesar al mayor experto en la materia en mitad de la pandemia más grave del siglo es, a nuestro juicio, a todas luces criminal, y debe situar a quien la tomó, delante de un tribunal penal, para evaluar qué impacto tuvo en el desastre organizativo posterior, incluido en la muerte de varios agentes.

Pero el tiempo corría, y cada vez era más evidente que nos enfrentábamos a algo muy serio. Los policías comienzan entonces a seguir las instrucciones del compañero cesado de manera individual y ante la absoluta inacción del Gobierno. Algunos de esos policías fueron presionados para que dejaran de hacerlo. Todavía estábamos en la fase de no alarmar, aunque esté en juego la salud de miles de agentes y la de los ciudadanos, lo importante seguía siendo la salud del gobierno.

La actitud de esos primeros días de marzo, tuvo a nuestro entender un impacto enorme en la cantidad de contagiados que afloraron a finales de ese mes en todas las dependencias policiales, y es ahí donde entra el artículo 316 del Código Penal: delitos contra los derechos de los trabajadores.

Y llegó la hora, después de varias denuncias e informaciones periodísticas, en la que los policías comienzan a organizarse por su cuenta ante la falta de una cabeza visible con una estrategia. Muchos consiguen material de empresas privadas que ponen a disposición de sus dependencias, y es con eso con lo que se sobrevive a los primeros momentos.

Aquí se produce otro hecho clave a la hora de deducir testimonio por un delito del 316. Desde esta asociación se hace una petición pública para que se tomen dos decisiones que habrían sido esenciales en la evitación de la propagación:

• Patrullas unipersonales.
• Modificar horarios para crear compartimentos estancos que reduzcan la exposición.

Estas dos premisas, que sí son aplicadas en algunos ayuntamientos de motu proprio ante la falta de instrucciones por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, habrían evitado cientos de contagios.

Pero ni siquiera en Madrid, foco principal de la pandemia, se llevaron a cabo esas dos acciones. Es el resultado de la ausencia absoluta de procesos de liderazgo en nuestro modelo policial y el asesinato de la meritocracia, que ha creado una cadena de mandos de gestión, sin ninguna experiencia operativa, y por lo tanto incapaz de tomar decisiones profesionales eficaces en los momentos críticos. Una cadena de mando adaptativa al poder, y que tiende a proteger a este por encima de todo.

Así, la brigada de seguridad ciudadana (policías de la calle), ya de por sí la más numerosa, y que había sido incrementada cuantitativamente con policías de otras áreas para enfrentar a la pandemia, siguió trabajando con tres cadencias diferentes de horario: turnos fijos de día y fijos de noche para los Grupos Operativos de Respuesta y unidades de Prevención y Reacción, y turnos rotativos de mañana, tarde y noche para los radio patrullas. Es decir, todos acababan mezclándose con todos en los cambios de turno, briefings y durante el propio servicio. Justo lo contrario de lo que recomendaban las autoridades sanitarias y el propio sentido común, sin implantar un turno único para todos los agentes que trabajaban esos días, única manera de crear compartimentos estancos.

Hay otro hecho más que supone estremecerse pensando cómo nos utilizan y ponen en riesgo nuestra salud, con el único fin de salvar su imagen.

Las ruedas de prensa iban mal, de hecho iban fatal, así que había que ganar terreno con los dos pilares que sostienen, con y sin Coronavirus, nuestro modelo policial: estadísticas y propaganda.

Se lanzó a la calle a miles de policías, aumentando su exposición y por lo tanto el riesgo de contagio, para imponer sanciones sin saber si quiera si estas se iban a tramitar —que después del último informe de la Abogacía del Estado, parece ser que no—, puesto que la desobediencia del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, debe ser a una orden inmediata del agente y no a un Real Decreto, por lo que si el que camina por la calle saltándose la cuarentena, obedece y se va a su casa (lo que sucede en casi todos los casos), no se le puede sancionar.

En realidad eso era algo que carecía de importancia, porque el fin último de esas propuestas de sanción era revertir el ridículo de las ruedas de prensa con estadísticas. Una de las denuncias más habituales de nuestra asociación intenta que la gente sepa que el modelo no está diseñado para darte seguridad, sino para convencerte de que estás seguro.

Cuando todo esto acabe, espero que hayamos aprendido la lección, y que hayamos entendido que este modelo no se sostiene.

El trabajo de nuestra asociación presentando un nuevo modelo donde se imponga la perspectiva profesional a la política, dirigido por líderes y no por jefes, eficaz, ágil y acorde al S.XXI está ahí para quien quiera aprovecharlo.

Que esta experiencia nos sirva para mejorar, y que no haya impunidad, sobre todo que no haya impunidad.

Samuel Vázquez.

Presidente de la asociación Una Policía para el S.XXI.