
Vamos a poner sobre la mesa diferentes cuestiones en tanto la situación que está viviendo actualmente Madrid, en la que dicha condición termine con más agentes heridos, más detenciones y un debate político que no vemos su fin: ¿estamos actuando para prevenir el conflicto o esperando a que el conflicto estalle como una bomba lapa para entonces decidir qué hacer?
El pasado 26 de septiembre, más de 500 personas decidieron acampar en la Puerta del Sol en protesta por Mari Carmen y la exigencia de pedir cambios estructurales en las viviendas que llevamos padeciendo casi una década.
A día de hoy, prácticamente un mes que hará la acampada, ha traspasado de ser una protesta por la vivienda a vivir cada día momentos de mucha tensión que obligan a examinar desde una perspectiva criminológica y de seguridad pública, algo esencial, tratándose la prevención, la gestión de riesgo que padece dicha ubicación pero sobre todo la responsabilidad de quieres toman las decisiones de seguir concediendo la permanencia de esta acampada que no termina de esclarecer en estos últimos días una protesta clara.
Dicho esto, nos vemos en la disyuntiva de ver que la Policía vuelve a ser el centro de todas las miradas. Nada más lejos de la realidad y algo fundamental es, que la policía no es la responsable de resolver por si solos los conflictos que, las instituciones como podemos observar, no saben o no quieren saber gestionar de forma adecuada.
Cuando estamos observando que el conflicto no disminuye sino que aumenta, la prevención deja de ser una opción clara como podemos determinar. En esta última semana, la Puerta del Sol, se ha convertido en un escenario de enfrentamiento entre diferentes grupos y participantes de la acampada. Si hacemos un balance de estos días, donde hemos podido leer en diferentes portales periodísticos además de programas de televisión, anunciando cada día, detenidos además de un agente herido el pasado 12 de octubre por ejemplo, se ha podido visualizar en diferentes redes sociales como apaleaban a un policía, tras este sucedo se establecieron cordones policiales para poder separar a los grupos y evitar que las confrontaciones fueran a más.
No trato de criminalizar una protesta, de hecho sería un error, porque el ejercicio de derecho de reunión no concierne a quienes los ejercen en meros sospechosos, del mismo modo que la pertenencia a un colectivo no permite atribuir a todos sus integrantes en conductas individuales. En este punto, lo que se trata es de entender y anticipar o al menos intentarlo, la violencia. En este caso, se esta limitando al cuerpo de Policía Nacional a que cada intervención se mire con lupa y no puedan trabajar como es debido.
La prevención no es una represión, se trata de evitar la falta de previsión que el gobierno no está proporcionando por ejemplo, que pueden convertir una intervención policial en una situación de emergencia, con ello no quiero decir que cada protesta deba ser vigilada como una amenazaba, pero tenemos unas leyes que deben cumplirse, los ciudadanos no pueden pasar por alto las ordenes que un agente le esté indicando, los agentes no deciden por sí mismos, actúan en base a una situación y a unas ordenes.
No puede ser que cada actuación entre en investigación para esclarecer si dicho momento y cada intervención requiera una evaluación. Por ello, considero necesario formular algunas preguntas. ¿ Qué evaluación de riesgo se realizó al comienzo de la acampada? ¿Se recibieron instrucciones? ¿El Cuerpo Nacional de Policía recibió indicaciones? ¿Qué competencias corresponden a cada administración? ¿Cómo evolucionan los dispositivos en vista a los acontecimientos de la última semana? ¿Se adoptan medidas para proteger a los ciudadanos?
No son cuestiones partidistas, son preguntas de seguridad publica, con una información clara, y exigir responsabilidades a los agentes cuando no debería ser así, deberían examinar que no todo puede ir al mismo lugar. Debemos tener en conocimiento que existen cadenas de mano, coordinación entre administraciones y planificaciones de operativas de seguridad ciudadana.
Por lo tanto, cuando cuestiono qué clase de medidas existen para proteger a los ciudadanos, incluyo a la policía. La protección de los agentes no es un privilegio es una necesidad clara, para que puedan seguir desempeñando su función y proteger a los demás.
La siguiente cuestión nos lleva al riesgo de convertir la seguridad ciudadana en un arma política. En estos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechazó la medida cautelar que se solicitó para el desalojo del asentamiento, considerando que no se estaba acreditando la falta de inactividad administrativa y que había que escuchar a ambas partes, cuando bien sabemos quien lo ha solicitado, y en este caso el delegado de Gobierno no se plantea en ningún caso el levantamiento de los participantes de la acampada, argumentando el derecho fundamental de reunión.
Entonces, ¿se está utilizando a la seguridad ciudadana como herramienta de desgaste entre instituciones? ¿Peones? ¿Grupos y asociaciones acampan en la Puerta del Sol? ¿Objetivo actual de esta protesta? Son meras cuestiones que nos debemos plantear, pero, no me cabe la menor duda, que lo que se necesita en estos momentos es una decisión acertada, y una respuesta institucional donde sean objetivos, aunque parece que lo que intentan es aumentar la crisis entre los ciudadanos y caldear más el ambiente, algunos comentan que, “¿incendiar las calles hasta el 29N?”. Entre tantos, la Policía depende de quién gana el relato político del día, en vez de depender de quienes deben asumir las responsabilidades antes de que sea demasiado tarde.
Por último lanzo una última pregunta, ¿en qué momento hemos normalizado que la Policía tenga que dar explicaciones por cada paso que da, si no se exigen el mismo nivel de responsabilidad de quienes realmente toman las decisiones que condicionan cada situación?

Artículo de: Aixe Sela Almeida, Criminóloga






