En la España de las políticas de igualdad y no discriminación vestir un uniforme policial no garantiza nada. Aunque la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra comparten funciones esenciales como proteger al ciudadano, combatir el crimen, garantizar el orden público, sus nóminas cuentan historias muy distintas. Y no es por mérito, formación o peligrosidad. Es por geografía.
La brecha salarial: cifras que indignan
Según la comparativa salarial más reciente, un agente raso de la Guardia Civil cobra hasta 500 euros menos al mes que un Mosso d’Esquadra.
La diferencia anual supera los 6.000 euros, sin contar pluses por nocturnidad, productividad o antigüedad. Y todo por depender de una administración autonómica en lugar del Estado central.
Testimonios reales por seguidores de h50.es
Nuestro digital ha sido testigo directo del malestar de agentes de la Guardia Civil ante este agravio perpetuo que llega enquistado durante años sin que ninguna fuerza política se atreva a dar el paso definitivo hacia la igualdad salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
“Hago las mismas patrullas, enfrento los mismos riesgos, pero cobro mucho menos. ¿Por qué? Porque no nací en Cataluña.”
“Nos sentimos ciudadanos de segunda dentro del propio cuerpo. La equiparación prometida fue un parche, no una solución.”
¿Mismo trabajo, distinto valor?
Ambos cuerpos realizan tareas de seguridad ciudadana, investigación criminal, control de tráfico y protección de autoridades. Sin embargo, los Mossos y la Ertzaintza reciben mayores complementos específicos, definidos por sus comunidades autónomas, que no están sujetos a los topes retributivos del Estado.
¿Qué dicen los políticos?
En 2018, el Ministerio del Interior lanzó un plan de equiparación salarial. Se prometieron 807 millones de euros para igualar sueldos en tres años. Pero en 2025, la realidad es otra: los complementos siguen marcando una diferencia abismal.
Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian que el Gobierno ha incumplido sus compromisos. La falta de voluntad política y la presión de las comunidades con competencias propias han frenado una equiparación real.
¿Discriminación institucional por origen?
Aunque no se trata de una discriminación racial en el sentido clásico, muchos agentes denuncian una forma de discriminación estructural por origen territorial. El hecho de que un funcionario público cobre menos por haber nacido o trabajado en Galicia, Castilla o Andalucía —en comparación con otro en Cataluña o el País Vasco— genera una sensación de exclusión que va más allá del salario.
“No es solo dinero. Es que el Estado valora menos a quienes servimos fuera de las comunidades con privilegios. Y eso, en el fondo, es discriminación.”
Este tipo de desigualdad, basada en el lugar de nacimiento o destino, vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución. Y abre un debate incómodo: ¿puede un Estado garantizar justicia si perpetúa diferencias entre sus propios servidores?
¿Y ahora qué?
La pregunta no es solo económica. Es ética. ¿Puede un Estado que presume de igualdad permitir que quienes lo protegen sean tratados de forma desigual? ¿Es justo que el lugar de destino determine el valor de un agente?
Este artículo no busca respuestas fáciles. Busca que se escuche el malestar de miles de profesionales que, día tras día, arriesgan su vida por todos… y cobran menos por hacerlo.
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