La reciente decisión de la Ertzaintza de publicar por primera vez el origen de los detenidos en sus informes de criminalidad ha encendido un debate que llevaba años silenciado: ¿por qué el Ministerio del Interior se niega a incluir la nacionalidad o país de procedencia en sus estadísticas oficiales sobre delincuencia?
El informe de la policía autonómica vasca, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2025, revela que el 64% de los detenidos son de origen extranjero, frente al 36% de nacionalidad española. Esta nueva política de transparencia informativa, impulsada por el Gobierno Vasco, ha sido defendida como un ejercicio de responsabilidad institucional: “Forma parte de la obligación de ofrecer información completa”, declaró Iñigo Ansola, presidente del PNV de Vizcaya.
Desde diversos frentes se considera que esta medida es un acierto informativo que desmonta muchas falacias y propaganda política. Durante años, ciertos discursos han intentado criminalizar a los españoles frente a los extranjeros, o viceversa, sin datos objetivos que permitan contrastar esas afirmaciones. La publicación del origen de los detenidos no estigmatiza, sino que clarifica. Y lo hace con cifras, no con prejuicios.
Si en los balances oficiales del Ministerio del Interior se especifican datos como el sexo, edad, tipo de delito, franja horaria o lugar de comisión, ¿por qué no se oculta sistemáticamente la nacionalidad o país de procedencia de los infractores? ¿No es acaso un dato técnico más que permite afinar el análisis criminológico, mejorar la prevención y diseñar políticas públicas más eficaces?
La falta de este dato en los informes estatales impide conocer patrones migratorios vinculados a ciertos delitos, evaluar el impacto de la integración social, o incluso detectar redes transnacionales de criminalidad. No se trata de señalar, sino de entender. Y para entender, hay que tener todos los datos sobre la mesa.
La decisión de la Ertzaintza ha sido criticada por algunos sectores políticos, como EH Bildu, que advierten del riesgo de “estigmatización”. Sin embargo, ocultar información por miedo a su mal uso es una forma de paternalismo que socava la transparencia democrática. La solución no es esconder los datos, sino explicarlos bien.
Desde diversos frentes se insta al Ministerio del Interior a seguir el ejemplo vasco y publicar de forma clara y sistemática el balance de criminalidad atendiendo al criterio de nacionalidad y país de origen. Porque la verdad no discrimina: la verdad informa.
