La ausencia de test entre los miembros que tienen encomendadas las funciones de seguridad pública con exposición de alto riesgo ha provocado que en la actualidad haya más de 14.000 bajas por síntomas. Esta situación compromete la seguridad pública en España. Así lo denuncian SUP, AUGC, CCOO y AUME en un vídeo que se difunde hoy y en el que participan funcionarios de todos esos colectivos a los que el estado de alarma frente al Covid-19 ha situado en la vanguardia, por detrás del personal sanitario, para mantener las condiciones de confinamiento necesarias para frenar el contagio de esa pandemia.
Pese a ese riesgo objetivo adicional, que ha sido reconocido expresamente por diferentes órganos judiciales, el Gobierno aún no ha culminado nuestra incorporación a las pruebas de detección del Covid-19 ni ha informado con detalle sobre los equipos de protección individual que va a comprar para dotarnos de los mismos en cantidad y calidad suficiente, cosa que ahora no ocurre. Los test diagnósticos permitirían saber con precisión qué parte de la bolsa de bajas laborales por síntomas compatibles con el virus es real y cuál no, acabando así con la incertidumbre de miles de familias y permitiendo que esos recursos humanos se incorporen a las tareas de vigilancia del confinamiento, desinfección y ayuda a la ciudadanía.
Las organizaciones que han impulsado este vídeo recogen la preocupación de miles de policías (nacionales, autonómicos y locales), guardias civiles y militares que requieren un reconocimiento expreso a la labor de seguridad -y también a la social y asistencial- que desarrollan cada día para que el contagio del Covid-19 no se abra paso y más pronto que tarde podamos todos recuperar nuestra normalidad.
AUGC, CCOO, AUME y SUP hacen un llamamiento a las Administraciones central, autonómicas y locales para que, dentro de las competencias de cada una de ellas, se tomen las medidas necesarias para que estos colectivos puedan tener no sólo la calificación de profesionales con exposición elevada al riesgo de contagio sino que, además, cuenten con los medios de protección que garanticen que el derecho a la salud también lo es para quienes asumen un trabajo arriesgado en estas semanas.
