Comparte ese artículo

Desde antes del plan de Interior para el Campo de Gibraltar puesto en marcha a mediados de 2018, el Crimen Organizado del Campo de Gibraltar ya apuntaba indicios de debilidad. El Español anunciaba el 23 de abril de ese año una fusión de los grupos criminales en una sola organización para sostener el narcotráfico como medio de vida de 600 familias, miles de personas y muchas brechas de seguridad para la información de las operaciones, quienes las organizan y quienes las ejecutan. Una debilidad explotada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Siguiendo la lógica de la concentración y la dispersión, el crimen era más desorganizado porque se trataba de grupos dispersos en un escenario de competencia y los “capos” decidieron unificar el mando para estandarizar procesos, establecer tácticas conjuntas y unificar SOP (standard operating procedures), abaratar costes y reducir su exposición ante actores externos, tales como las Fuerzas de Seguridad.

Otros actores externos que podrían suponer una brecha para las organizaciones serían los relativos a la financiación y el blanqueo. No olvidemos que sin financiación y blanqueo no existe crimen ni beneficio, esto ampliaría más el escenario desde el Campo de Gibraltar a la Costa del Sol. El narco que opera de noche en La Línea duerme en Sotogrande, come en Marbella y se reúne con los suyos en Algeciras. El problema dejó de ser el Campo de Gibraltar y se extendió a la Costa del Sol, la Costa Sur pasó a ser un solo escenario donde ocurren las mismas cosas a diferentes escalas, las operaciones tendrían lugar en el Campo de Gibraltar y los negocios en la Costa del Sol.

Prueba de que se han estandarizado los procesos es el aumento de la violencia de manera sistemática, los ataques contra las Fuerzas de Seguridad ya no son hechos aislados. Prueba de que ya no estamos en un escenario aislado -Campo de Gibraltar- si no que el fenómeno se ha extendido a la Provincia de Málaga, incluyendo la Costa del Sol, es que la Fiscalía anunció el pasado mes de septiembre un aumento de las muertes por narcotráfico en la provincia de Málaga, 23 homicidios entre bandas a lo largo del año especialmente en la zona de Marbella – uno cada dos semanas- y la falta de medios de la Administración de Justicia para conseguir una respuesta proporcionada frente al fenómeno.

Todo lo anterior ha llevado a los sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil a pedir más medios, pero siguen sin mencionar nada sobre restructuración y estandarización de procesos. Desde Una Policía para el Siglo XXI promovemos esto último.

Para enfrentarse a una amenaza es necesario analizarla, pensar como ella y actuar de modo recíproco con las herramientas disponibles, de otro modo se continuará haciendo lo mismo para conseguir los mismos resultados, con más medios igual de desorganizados.

Hay procedimientos legales de bajo coste que si se activan de forma sistémica pueden aumentar el impacto sobre el crimen, del mismo modo que lo han conseguido los narcos con el aumento de la violencia sobre policías y guardias civiles.

Actuación policial low-cost

Un procedimiento es la incautación de dispositivos cuando existen indicios de que están siendo empleados en ese mismo momento como medio para cometer un delito. Tal medida tiene un efecto inmediato de prevención porque neutraliza las operaciones que están teniendo lugar en ese momento o van a ocurrir de manera inminente. Y un efecto reactivo ya que los dispositivos incautados permiten conectar hechos con autores dentro de una franja horaria y un escenario concreto, en que se tiene noticia que ha ocurrido un desembarco de droga en una playa y sin necesidad de hacer detenidos.

Punto de vista operativo

Lo anterior implica que, si una patrulla de la Policía Local de un municipio localiza a un individuo conocido por dar cobertura en tareas de narcotráfico próximo a una playa a las doce de la noche en el Campo de Gibraltar o la Costa del Sol, puede incautarle el teléfono móvil de acuerdo con unos criterios legales objetivos, al encontrarse en disposición de delinquir usando ese medio. Entregaría el dispositivo en la Guardia Civil -o en la Comisaría-, tras entregar un acta de incautación al sospechoso y el cuerpo estatal podrá vincular el dispositivo al sujeto que se le intervino en los hechos consumados.

Si durante esa madrugada en esa área se ha documentado un desembarco, se podrán abrir diligencias y solicitar al Juez la extracción de datos del dispositivo. Los datos servirán tanto a un servicio de análisis como a los investigadores para continuar sus diligencias. En el caso descrito de un hecho consumado, que se sabe que ha ocurrido en un lugar dentro de una franja horaria, se podrá realizar la misma diligencia -incautar dispositivos-, sobre quienes se consideren implicados indirectamente en el hecho por estar dando cobertura a las operaciones de huida y sean identificados en el lugar, inmediatamente después de la fuga del vehículo que cargó la droga en la playa.

Lo anterior es ampliable a otras modalidades delictivas como un robo con fuerza en caso de detectar a alguien haciendo una vigilancia en una zona con mucho robos.

Perspectiva legal

La L.O. 4/2015 de PSC habilita a los agentes para tomar esta decisión -incautar un teléfono móvil-. El art. 17 sobre las medidas previas al delito y reactivas al hecho consumado dice:

  1. Se podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles para ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.
  2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión, se podrá proceder a la recogida de instrumentos, pruebas o efectos. Siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas, registro de vehículos y control superficial de los efectos personales.

Además, el art. 21 habla de medidas extraordinarias como prohibir el paso a un espacio público acotado en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo necesario. Se podrá hacer mediante órdenes verbales y se entiende por emergencia una situación de riesgo sobrevenida por un evento inminente, un desembarco de hachís se puede considerar.

En síntesis, hay elementos de hecho que justificarían la incautación de dispositivos: el escenario, que puede ser una zona de desembarco (1); la franja horaria (2), la persona (3) en disposición de delinquir o tras haberlo hecho, en especial si es conocido; su actividad (4) si no puede justificar su estancia en ese punto a tal hora y su comportamiento -actitud de vigilancia-, el clima (5) ya que sin viento y con poca luna es más probable que haya desembarcos, otros sucesos (6) como la quema de contenedores en una zona opuesta a la playa o falsos positivos, en forma de llamadas falsas por violencia de género o reyertas para distraer a las patrullas.

En Una Policía para el Siglo XXI somos conscientes que los medios son limitados pero la imaginación no tiene límites y hay herramientas legales de bajo coste que permiten hacer las mismas cosas de diferente manera para obtener diferentes resultados.

Una policía siglo XXI h50 digital policial

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí