La muerte de un policía nacional o guardia civil cae en acto de servicio debería ser un acontecimiento que sacudiera las conciencias de la clase política y de toda la sociedad. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: cada vez que un agente cae, el silencio institucional y la tibieza de las reacciones oficiales evidencian que para el Estado la pérdida de un servidor público se reduce a una sustitución mecánica, como si se tratara de una pieza intercambiable. Rey muerto, rey puesto.
Ejemplos recientes de desprecio institucional
- Barbate: el narcoasesinato de dos guardias civiles a manos de traficantes en aguas gaditanas puso de manifiesto la vulnerabilidad de quienes combaten el crimen organizado en primera línea. La respuesta política fue más protocolaria que comprometida, sin medidas contundentes que reforzaran la seguridad de los agentes.
- Tiroteo a policías nacionales: en fechas recientes, agentes de la Policía Nacional fueron tiroteados por narcotraficantes en operaciones contra el tráfico de drogas. El eco mediático duró apenas unos días, y pronto la agenda política pasó página, como si la vida de quienes arriesgan la suya fuera un daño colateral asumible.
- Agresiones a agentes: los números hablan por sí mismos. Las agresiones a policías y guardias civiles, ya sean durante el ejercicio de su cargo o libres de servicio, son cada vez más frecuentes. Los agentes se quejan de escasa protección jurídica y blanco de perfiles delincuenciales cada vez más violentos que se sienten amparados por una legislación demasiado benevolente.
La memoria de los años de plomo
Durante los llamados años de plomo, la banda terrorista ETA convirtió a policías y guardias civiles en objetivo prioritario. Decenas de agentes fueron asesinados en atentados que marcaron a generaciones enteras. A pesar de la magnitud de aquella tragedia, el reconocimiento institucional siempre fue insuficiente, relegando a los caídos a un recuerdo incómodo más que a un homenaje permanente.
Palabras que hieren
El desprecio institucional se refleja en actitudes y también en declaraciones como las que inmortalizó el 24-11-2025 el senador socialista Alfonso García Rodríguez que, dirigiéndose a los policías, afirmó: «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar». Una frase que sintetiza la falta de empatía y el distanciamiento de quienes legislan desde la comodidad de sus despachos, ajenos al riesgo real que supone enfrentarse cada día a la delincuencia.
Profesión de riesgo… ¿para quién?
La paradoja alcanza tintes grotescos cuando se observa que los actores están reconocidos como profesión de riesgo, mientras que policías y guardias civiles —que se juegan la vida en cada intervención— siguen sin ese reconocimiento. Una incoherencia que retrata la escala de valores de un Estado que prioriza el espectáculo sobre la seguridad.
La muerte de un agente debería ser un aldabonazo que obligara a replantear políticas de seguridad, condiciones laborales y reconocimiento social. Sin embargo, la práctica demuestra que para el Estado la ecuación es simple: poli muerto, poli puesto. Como en el viejo dicho de rey muerto, rey puesto, la vida de quienes protegen a la ciudadanía se sustituye sin más, sin memoria, sin justicia y sin el respeto que merecen.
