El reciente y brutal tiroteo acaecido en el barrio de Can Parellada, en Terrassa (Barcelona), donde dos agentes de la Guardia Civil fueron cribados a balazos a quemarropa durante una operación, ha vuelto a encender todas las alarmas. Uno de los guardias recibió cuatro impactos de proyectil; el otro, apaleado y con el cargador agotado, vio de cerca cómo la línea que separa la vida de la muerte en este oficio es infinitamente más delgada de lo que los despachos ministeriales pretenden aparentar.
Este suceso no es una anómala excepción ni un guion cinematográfico de ficción. Es el pan de cada día de miles de servidores públicos que patrullan las calles y carreteras de España. Y la pregunta, cruda e inevitable, flota en el ambiente de los cuartetos y las comandancias: ¿De verdad merece la pena ponerse el uniforme, portar un arma al cinto y arriesgarse a ser asesinado por poco más de 2.000 euros al mes?
La cruda realidad del riesgo en las calles
Los delincuentes han perdido por completo el respeto al principio de autoridad. Ya no hablamos únicamente de las organizaciones de narcotráfico fuertemente militarizadas que operan en el Estrecho o en el sur peninsular —donde las narcolanchas embisten patrulleras y se responde a plomo limpio—, sino de la delincuencia común, bandas itinerantes y delincuentes habituales que, ante una intervención policial, no dudan en vaciar un cargador con tal de eludir la acción de la justicia.
En Terrassa, los agentes fueron recibidos a balazos en plena vía pública. Las imágenes posteriores delataron la extrema violencia: gritos, culatazos en el suelo y una total ausencia de temor a las consecuencias legales por parte de los agresores. El Estado pone en la picota a sus guardias civiles, exigiéndoles profesionalidad y contención, pero les abandona en el plano operativo y jurídico.
Una retribución económica desproporcionada ante el peligro
Hagamos números sin filtros. Un agente de la Guardia Civil percibe, de media, una retribución que ronda los 2.000 euros mensuales (sujeto a destinos, trienios y complementos de penosidad o turnicidad).
Si dividimos esa cifra por la responsabilidad intrínseca de portar un arma de fuego, la asunción de la garantía de los derechos fundamentales, la exposición a agresiones físicas permanentes, la pérdida de salud derivada de turnos imposibles (noches, festivos, fines de semana) y el factor psicológico de saber que cada turno puede ser el último, el balance económico resulta sangrante.
¿Es un sueldo digno para quien se juega la vida? Sencillamente, no.
Un operario de cualquier sector industrial o un administrativo cualificado puede alcanzar o superar emolumentos similares sin asumir el riesgo de recibir cuatro disparos en una calle oscura o enfrentarse a delincuentes armados con fusiles de asalto o armas cortas ilegales.
El agravio comparativo y la eterna reivindicación desoída
A la peligrosidad extrema se suma la histórica discriminación laboral que sufre el Instituto Armado. Mientras otros cuerpos policiales autonómicos o locales disfrutan de mejores condiciones salariales, pasarelas de jubilación más ventajosas y un reconocimiento institucional real, la Guardia Civil continúa arrastrando un déficit crónico de medios materiales (chalecos antibalas adaptados a la morfología de todos los agentes, vehículos blindados adecuados, medios técnicos) y una falta flagrante de amparo legal.
Una vez más, tras la tragedia evitada por milagro en Barcelona, las asociaciones profesionales han vuelto a clamar por lo obvio: la declaración inmediata de la profesión de riesgo. Resulta un insulto a la inteligencia que los hombres y mujeres que se enfrentan a la escoria más violenta de la sociedad no gocen de los índices correctores de jubilación ni de la consideración de profesiones de alto riesgo equiparadas a otros sectores.
Entonces, ¿merece la pena?
La respuesta fría, racional y matemática es no. Desde el punto de vista estrictamente laboral, económico y de seguridad personal, ser guardia civil hoy en día en España es un mal negocio.
Sin embargo, quienes visten el tricornio o el uniforme verde no se rigen por Excel financieros ni por convenios colectivos al uso. Lo sostienen la vocación férrea, el compañerismo indomable y el sentido del deber hacia una sociedad que, lamentablemente, suele mirar hacia otro lado hasta que estalla una tragedia como la de Terrassa.
La pregunta real deberíamos hacérsela los ciudadanos y, sobre todo, los gobernantes: ¿Hasta cuándo van a pretender que la vocación supla los agujeros de una nómina indigna y la falta absoluta de protección institucional? Los guardias civiles ponen el pecho y las balas; el Ministerio del Interior, de momento, solo acumula silencios y medallas de atrezzo.
