Hay sucesos que, por traumáticos, no se olvidan en décimas de segundo como el resto de noticias diarias. Sucesos como el del repugnante y reincidente asesino que acabó ayer con la vida de un niño de 9 años se graba a fuego en la psique de los padres que tenemos niños de la misma o parecida edad.
Esas noticias se quedan en mi cerebro, pues como padre me asustan y como Diputado me frustran. La situación no es nueva. Nuestra Constitución consagra en su Artículo 25.2 como derecho fundamental que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”
Derechos, derechos, derechos, pero cero obligaciones y consecuencias. El buenismo en esta ocasión es complicidad.
Pero, ¿Qué sucede con aquellos delincuentes que han demostrado sobradamente que no pueden ser ni reeducados ni resocializados? Pederastas, violadores y asesinos que están diagnosticados. Pues actualmente no sucede nada, se les trata en su inmensa mayoría exactamente igual que a los que sí muestran capacidad de reforma. Los mismos permisos, los mismos privilegios. Incluso, y sucede en no pocas ocasiones, muchos de los reincidentes que aprovechan permisos para delinquir, salen a pesar de los informes desfavorables de instituciones penitenciarias. Como Padre, demandaría a los responsables de sacar a este monstruo a la calle, como Diputado, tengo que proponer una regulación de la irresociabilidad delincuencial. Y sí, señores del Gobierno, eliminar la prisión permanente revisable es sencillamente cruel e indigno.
Uno de esos monstruos ha matado a un niño de 9 años, ¿y ahora qué? Pues nada, vuelve a prisión, donde ya estaba, donde hay que protegerle, alimentarle y hasta pagarle para seguir viviendo a costa de los impuestos, también de los padres del niño asesinado. No, no es justo, ni constitucional, ni social, ni democrático, ni de derecho, ni humano, ni nada.
Como Diputado se me hace insoportable esta situación, como Padre más.
Pablo Cambronero para h50 Digital Policial.
