Por Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL*
El Tribunal Constitucional lo suspendió por ser contrario a la legalidad vigente, pero Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat en aquel momento, hizo caso omiso. Había convocado un referéndum de autodeterminación en Cataluña para el 1 de octubre de 2017 y siguió su hoja de ruta. Ocho años después podemos decir que aquella fatídica fecha fue clave en la historia reciente de España, especialmente en una de sus comunidades autónomas, Cataluña. Pero también lo fue, y mucho, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues representó unas jornadas de profunda confrontación. Aquel día, además de ser el preludio de la declaración unilateral de independencia veintiséis días después, marcó un punto de inflexión en la presencia de la Benemérita en ese territorio.
Aquel día más de 2,2 millones de personas acudieron a votar, según cifras del Govern. Eran solo el 43 % de la población con derecho a sufragio en la Generalitat. Ni siquiera llegaron a la mitad, pero los incidentes no tardaron en producirse, obligando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a intervenir en el entorno de los colegios electorales. Las agresiones provocaron centenares de heridos; según el Ministerio del Interior, 431 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitaron asistencia médica, de los cuales 20 eran guardias civiles y 19 policías nacionales —¿y aún siguen sin considerarnos como profesión de riesgo? Ver para creer—.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó el referéndum como un “acto ilegal sin validez democrática”, y la comunidad internacional no reconoció el proceso. El 1-O culminó con la declaración unilateral de independencia y la subsiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, la posterior fuga de Puigdemont y la polémica en torno a los indultos y una posible amnistía, han generado una profunda sensación de pérdida de autoridad entre quienes estamos obligados a cuidar del orden público y la ley.
Sin entrar en valoraciones políticas, ya que la Guardia Civil juró defender a todos los españoles, independientemente de ideologías, religión, sexo, raza o lugar de residencia, la presencia del Instituto Armado en Cataluña está viviendo una desaparición sistemática que se arrastra desde hace décadas. Este proceso de merma de efectivos no es nuevo y lleva más de cuarenta años en marcha.
La salida paulatina de la Guardia Civil comenzó en 1983 cuando los Mossos d’Esquadra adquirieron un régimen jurídico nuevo como policía autonómica de Cataluña. A partir de aquel momento, el traspaso de competencias inició un doloroso éxodo de compañeros, con un punto álgido en los años 90 con la transferencia de las competencias de Tráfico. En esa década, muchos agentes se vieron obligados a incorporarse al cuerpo autonómico para evitar el traslado fuera de su provincia y dejar una vida familiar y de arraigo, despidiendo a cerca de un 40% del personal. Este proceso continuó hasta 2008, cuando se completó la transferencia de la seguridad ciudadana y el orden público.
Aquel referéndum ilegal del 1 de octubre de hace ocho años fue la puntilla. La Guardia Civil fue agredida mientras trataba de defender la legalidad y la Constitución de 1978. La violencia se desató en las calles y, pese a ser nosotros quienes tuvimos que «parar los golpes», el hecho se ha convertido en el ejemplo más claro de la falta de autoridad y competencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional en un territorio donde las transferencias se han sucedido desde 1994.
Nos encontramos en el cuarto trimestre de 2025. A pocos meses de que concluya el año, la presencia de la Benemérita en Cataluña es poco más que testimonial. Sí, seguimos allí cubriendo los pocos servicios que, aun no pudiendo ser transferidos a la Comunidad según la propia Carta Magna, son demandados por ciertos sectores del independentismo radical.
Y digo el independentismo más radical, porque en Cataluña estamos viviendo una paradoja, una curiosa y absurda dualidad incomprensible para la mayoría de los mortales. Por un lado, se vive la debilidad y el casi extintivo objetivo de los partidos independentistas que quieren nuestra expulsión total del territorio. Esto se traduce en actos directos, como la expulsión de guardias civiles de los pabellones donde residen para convertirlos en viviendas sociales —¿acaso nosotros, nuestras familias, no tenemos también derecho a ellas, máxime cuando cobramos un sueldo muy inferior al de los propios Mossos por realizar el mismo trabajo? ¿Somos policías de tercera?—, la desaparición de efectivos por no cubrir las plazas que quedan vacantes tras jubilaciones o salidas del Cuerpo, o la reciente solicitud del traspaso de las competencias de fiscal y fronteras para los Mossos d’Esquadra.
Pero, por otro lado, la realidad del servicio demuestra que nuestra presencia sigue siendo indispensable. Un claro ejemplo es lo ocurrido en la comarca de la Cerdanya —zona donde los partidos independentistas de izquierda y derecha gobiernan sin presencia ni oposición de los considerados partidos españoles—, que ha presentado una moción solicitando que el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se quede en su territorio, reconociendo así su labor esencial.
No, aquel referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia no fueron baldíos. Seguimos allí cuidando a toda la población. Luchamos y lucharemos por mantenernos en Cataluña porque más de la mitad de los catalanes decidieron no ir a votar aquel día, un 57 % de personas con derecho a sufragio. Entendemos que se sienten tan catalanes como españoles, como lo somos muchos de los miembros del Cuerpo. No les podemos abandonar, porque Cataluña sigue siendo España y necesitan nuestra ayuda.
