En 2017 se orquestó una demanda colectiva contra la Dirección General de la Policía en la que se pedía que se cumpliera la legalidad y la administración sacara a concurso 22 puestos de trabajo que estaban siendo ocupados de manera reitera por comisiones de servicio, sin que ningún agente pudiera optar a ellas y solicitarlas como destino al no ser convocadas en un concurso de traslados.
Los policías nacionales demandantes pusieron de manifiesto en los juzgados que plazas en la Jefatura de Granada y en la comisaría de Motril estaban siendo adjudicadas a discrecionalidad de la Dirección General de la Policía en comisiones de servicio reiteradas a los mismos funcionarios sin tener en cuenta para ello los méritos, capacidad y antigüedad.
Este perjuicio aumentaba la dificultad para muchos agentes que querían regresar a su tierra y que no le convocaban plazas para ello, por lo que un grupo de 70 policías se reunieron y plantearon una demanda colectiva en Madrid contra la Dirección General de la Policía, una demanda que fue llevada a cabo por el letrado que ya le había ganado a la administración por los mismos hechos que ocurrían en Asturias.
Este pasado mes de diciembre se ha confirmado el fallo que obliga a la administración a convocar estas plazas que habían sido prorrogadas en el tiempo más de un año, así como todas aquellas comisiones de menos de un año, y que de no ser necesario estas últimas la administración deberá justificar judicialmente su no convocación en el Concurso General de Méritos.
Este fallo anima a muchos funcionarios a realizar una función de inspección a través de sus sindicatos representativos de las plantillas policiales a las que quieren acceder en el próximo concurso, y de no ajustarse las comisiones de servicio a la legalidad procederán a demandar a la administración para que esos puestos salgan a un concurso transparente donde se prime lons méritos, capacidad y antigüedad.
