Por Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL
Esta última semana hemos presenciado, con gran estupor, la situación límite a la que se ha llegado en la localidad murciana de Torre Pacheco con innumerables altercados, heridos y más de una docena de detenidos, desencadenados a raíz de una agresión brutal de un grupo de jóvenes contra un hombre indefenso.
Lamentablemente, lo sucedido no es un hecho aislado. Es un síntoma, es el reflejo de la realidad que estamos viviendo y que desde JUCIL llevamos años avisando, una crisis que afecta a todo el país: la falta de efectivos en la Guardia Civil y el progresivo deterioro del principio de autoridad que debería garantizar el Estado.
Lo acaecido en Torre Pacheco, con más de 40.000 habitantes, podría haberse evitado o, cuanto menos, habría tenido un impacto más contenido si se hubiese contado con el número mínimo de agentes necesario para ofrecer un servicio adecuado a la población. A día de hoy, el catálogo oficial actual contempla únicamente 48 guardias, una cifra claramente inferior al mínimo operativo de 62. La gravedad aumenta al constatar que muchos de esos efectivos se encuentran bien de baja bien en comisión de servicios en otros destinos, reduciendo drásticamente la dotación real. Esta carencia obliga a los pocos agentes activos a asumir tareas de prevención, atención ciudadana e investigación en detrimento de la presencia en las calles y de la capacidad de actuación . ¿Cómo garantizar la seguridad con menos de la mitad de la plantilla operativa?
Este déficit no es exclusivo de Torre Pacheco. En Baleares, por ejemplo, se ofertaron 376 vacantes, de las cuales solo se cubrieron 74, lo que ha supuesto una pérdida neta de 106 agentes, en plena temporada turística. Pero lo más preocupante está por llegar, cuando finalice la campaña estival y los refuerzos estacionales abandonen el archipiélago. ¿Qué ocurrirá en septiembre? Se calcula que más de 450 plazas quedarán sin cubrir, dejando a la región en una posición de gran vulnerabilidad. Las cifras no mienten.
Actualmente, España acumula más de 17.000 vacantes sin cubrir en la Guardia Civil, pero a medio plazo el panorama es aún más alarmante: 24.000 puestos vacíos en los próximos cuatro años por la jubilación de la generación del Baby Boom. ¿Está el Estado preparado para enfrentar este reto? ¿Se está tomando en serio la seguridad como pilar básico del estado social de derecho? Lamentablemente, la respuesta a ambas preguntas es negativa. Las convocatorias que se sacan año tras año son insuficientes y las condiciones de acceso a la Benemérita poco atractivas para futuros aspirantes.
A todo ello se suma otro problema de igual o mayor gravedad: la pérdida del principio de autoridad. La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es cada vez más cuestionada desde ciertos discursos políticos, incluso en ámbitos institucionales de alto nivel, mientras su capacidad real se ve menguada por la escasez de personal y el limitado respaldo gubernamental. Cuando no existe respeto ni fortalecimiento institucional, el mensaje que recibe la sociedad es claro: la seguridad ha dejado de ser una prioridad.
La seguridad ciudadana no puede ser un concepto abstracto. Debe sentirse en las calles, los barrios y los pueblos. Sin una Guardia Civil con presencia suficiente, lo que está en juego no es solo la protección frente al delito, sino también la cohesión social, la convivencia y la confianza en las instituciones.
España no puede permitirse ignorar esta urgencia. Porque un país que desatiende su seguridad está, inevitablemente, caminando hacia el colapso.
