La llegada de menores inmigrantes no acompañados a España (MENAs) sigue siendo uno de los desafíos más complejos en materia de extranjería y protección infantil. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la preocupación entre las autoridades por un fenómeno que pone en jaque el sistema de acogida: el fraude en la declaración de edad por parte de algunos migrantes que, siendo mayores de edad, se hacen pasar por menores para beneficiarse de la protección legal que ofrece el Estado.
¿Por qué hacerse pasar por menor?
En España, los menores extranjeros no acompañados tienen derecho a acogida en centros especializados, asistencia jurídica, educación, atención médica y protección frente a la expulsión. Estas garantías, amparadas por la Ley de Protección Jurídica del Menor, hacen que algunos migrantes no porten documentación válida o destruyan la que ya tenían para dificultar su identidad y declararse ser menores de edad evitando así ser deportados o ingresar en centros de adultos.
Según analistas y colaboradores de h50.es, este tipo de fraude no es aislado. En zonas como Canarias, Ceuta o Melilla, donde la presión migratoria es más intensa, se han detectado numerosos casos en los que la edad declarada no coincide con la apariencia física ni con los datos biométricos.
Las pruebas médicas para determinar la edad
Cuando existen “dudas razonables” sobre la edad de un migrante, las autoridades activan el protocolo de determinación de edad. Este proceso, regulado por la Fiscalía y recientemente reformado por el Gobierno, incluye pruebas médicas no invasivas como:
- Radiografía de muñeca: Se analiza el grado de maduración ósea de los huesos del carpo para estimar la edad biológica.
- Ortopantomografía mandibular: Una radiografía panorámica de la mandíbula que permite observar el desarrollo dental, especialmente la presencia o ausencia del tercer molar (muela del juicio), que suele aparecer en torno a los 18 años.
Estas pruebas, aunque útiles, no son infalibles. Expertos advierten que los márgenes de error pueden variar según la genética, la nutrición y el origen étnico del individuo. A pesar de ello, los resultados son considerados por la Fiscalía para emitir un expediente que determine la edad oficial del migrante.
Un debate jurídico y ético
La reforma del procedimiento, aprobada por el Congreso en marzo de 2025, busca garantizar los derechos de los menores reales y evitar abusos del sistema. Se prohíben pruebas invasivas como los desnudos integrales y se refuerza la especialización de los profesionales que intervienen en el proceso.
Mientras tanto, organizaciones como UNICEF y abogados de extranjería denuncian que algunos jóvenes son tratados como adultos sin pruebas concluyentes, lo que podría vulnerar sus derechos si realmente son menores.
📌 La determinación de edad en migrantes es un equilibrio delicado entre proteger a los menores y evitar el fraude. ¿Está España preparada para afrontar este reto con garantías?
