El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que la evolución del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes está confirmando muchas de las advertencias que los profesionales policiales trasladaron desde el inicio de la tramitación de esta medida. Según los últimos datos conocidos, ya se han presentado alrededor de 900.000 solicitudes de regularización cuando todavía restan semanas para la finalización del plazo establecido. Una cifra que supera ampliamente las previsiones que el propio Gobierno trasladó públicamente durante la preparación del proceso.
Desde el SUP recuerdan que los informes técnicos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras manejaban escenarios significativamente superiores a los reconocidos inicialmente por el Ejecutivo. Sin embargo, aquellas estimaciones fueron cuestionadas o minimizadas públicamente, pese a proceder precisamente de los profesionales con mayor experiencia en el análisis de los flujos migratorios, los procedimientos de extranjería y la realidad operativa sobre el terreno.
Los datos actualmente conocidos demuestran que las previsiones de agentes de Policía Nacional estaban mucho más próximas a la realidad que las estimaciones oficiales utilizadas para justificar la planificación inicial del proceso. Esta situación no debe interpretarse como una cuestión política, sino como una lección institucional. Las políticas públicas de gran impacto requieren escuchar a quienes trabajan diariamente con la realidad que pretenden gestionar.
Los policías especializados en extranjería, documentación e investigación migratoria no realizan valoraciones ideológicas; aportan experiencia operativa, conocimiento técnico y capacidad de anticipación basada en años de trabajo sobre el terreno.
Desde el inicio de este proceso, el SUP ha venido advirtiendo sobre la necesidad de dimensionar adecuadamente los recursos humanos y materiales, reforzar los mecanismos de verificación documental, mejorar la interoperabilidad con los sistemas europeos de identificación y antecedentes, fortalecer las unidades especializadas de extranjería y garantizar una cooperación internacional eficaz para la comprobación de identidades y documentación.
Los acontecimientos de las últimas semanas también han puesto de manifiesto problemas que ya habían sido advertidos por nuestra organización, como la saturación administrativa, las dificultades en la obtención de determinada documentación internacional, la proliferación de fraudes vinculados a empadronamientos, citas administrativas o documentación acreditativa, así como la presión creciente sobre las oficinas y unidades encargadas de gestionar el procedimiento.
El SUP reitera que cualquier proceso de regularización debe ir acompañado de suficientes garantías de identificación, trazabilidad y verificación. Cuanto mayor es el volumen de expedientes, mayor debe ser también la capacidad de control para preservar la seguridad jurídica del procedimiento y combatir eficazmente las redes que intentan aprovecharse de las vulnerabilidades del sistema.
La organización policial ya trasladó estas preocupaciones y propuestas durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y ante el Parlamento Europeo y continuará haciéndolo en todos los foros institucionales donde se requiera la experiencia de los profesionales policiales. «Los hechos vuelven a demostrar que escuchar a quienes trabajan diariamente en primera línea no es una opción, sino una necesidad para diseñar políticas eficaces, realistas y sostenibles», denuncian.
