El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en el centro de una controversia tras la decisión de rescindir el contrato de compra de munición a empresas israelíes, una medida que ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición y críticas desde diversos sectores.
El contrato, valorado en 6,6 millones de euros, había sido formalizado recientemente para la adquisición de más de 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. Sin embargo, esta operación contravenía compromisos previos del Ejecutivo de no realizar compras de armamento a Israel debido al conflicto en Gaza. La presión de los socios de coalición, especialmente de Sumar e Izquierda Unida, llevó a Moncloa a intervenir directamente y ordenar la cancelación del contrato.
La decisión, aunque respaldada por algunos como un gesto de coherencia con la política exterior del Gobierno, ha suscitado críticas por las posibles repercusiones legales y económicas. La Abogacía del Estado había advertido sobre las complicaciones administrativas y el riesgo financiero de cancelar el contrato, que podría implicar indemnizaciones significativas.
Este episodio refleja las tensiones internas del Gobierno y la dificultad de equilibrar compromisos políticos con decisiones administrativas. Mientras algunos celebran la medida como un acto de solidaridad con la causa palestina, otros cuestionan su impacto en la estabilidad del Ejecutivo y en la gestión de recursos públicos.
