La Confederación Española de Policía -CEP-, sindicato de la Policía Nacional de referencia en todo el territorio nacional, señala, una vez conocido esta mañana el borrador de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, y en referencia a los policías nacionales a los que es afecta que «en lo personal, y como compañeros nuestros que son y que se limitaron en su momento a ejecutar las órdenes que jueces y fiscales impartieron para impedir un referéndum ilegal, nos alegramos de que todos los policías investigados en juzgados de Cataluña puedan poner fin a este injusto calvario. Ahora bien, la forma elegida es la peor. La compañía, la más indeseable. Y el momento, el más inapropiado. Quienes en su día se limitaron a ejercer el monopolio de la violencia del Estado para proteger la Constitución Española y el principio de legalidad deberían haber encontrado una solución absolutamente alejada de quienes se saltaron la ley y rompieron la convivencia.
Mezclar a servidores públicos ejemplares con quienes buscaron imponer por la vía de los hechos o por la fuerza una iniciativa abiertamente enfrentada a la Constitución Española, constituye un insulto y un ejercicio de cinismo difícilmente superable, que merece nuestro rechazo más enérgico».
En un plano estrictamente policial, el sindicato CEP viene reiterando desde hace meses que la amnistía -cualquiera, sea del tipo que sea- es una herramienta legal que erosiona gravemente el trabajo de los policías, porque traslada la equivocada idea de que la comisión de un delito puede salir gratis; puede quedar impune, en definitiva. «Ese es el peor de los mensajes frente a cualquier ciudadano que se salta la legalidad vigente y comete un delito en un Estado de Derecho».
De ahí, y tal y como han hecho durante estos días, desde la CEP hacen un llamamiento a todos los ciudadanos para que cualquier protesta o acto que se organice frente a esta iniciativa parlamentaria se conduzca con pleno respeto a la ley, que sea pacífica, que se aleje de la violencia y que sus organizadores rechacen y condenen cualquier algarada que se produzca en ellos. «Los policías seguiremos garantizando el derecho de reunión pacífica y aplicando en nuestro quehacer profesional el rigor, la independencia, la objetividad y las normas que regulan nuestras competencias y cometidos en un Estado de Derecho».
