Lleida llevará al Pleno una ordenanza que prohibirá el uso del burka y prevé multas de hasta 750 euros, en un debate que vuelve a situar la seguridad, la convivencia y los derechos fundamentales en el centro del debate público.
El Ayuntamiento de Lleida presentará en el próximo Pleno una nueva ordenanza de civismo que prohibirá el uso del burka y otras prendas que oculten completamente el rostro en la vía pública y dependencias municipales. La medida, que contempla sanciones de entre 300 y 750 euros, reabre el debate sobre seguridad ciudadana, derechos de las mujeres y convivencia en el espacio público.
Una ordenanza que busca regular la convivencia
La propuesta, impulsada por el gobierno municipal del PSC, establece que queda prohibido llevar cualquier prenda que impida la identificación facial, incluyendo el burka y el niqab, tanto en la calle como en edificios municipales. El consistorio argumenta que la ocultación total del rostro dificulta la interacción social y vulnera los estándares de convivencia propios de una sociedad democrática.
El texto prevé multas de entre 300 y 750 euros, consideradas infracciones leves, con posibilidad de incrementarse en caso de reincidencia.
Seguridad, identificación y libertad: un debate abierto
Aunque el Ayuntamiento sostiene que la iniciativa se fundamenta en la defensa de los derechos de las mujeres, la medida tiene también una lectura evidente en materia de seguridad ciudadana: la imposibilidad de identificar a quien porta un velo integral supone un índice de inseguridad y una privación de libertad, especialmente para aquellas mujeres que lo llevan de forma impuesta.
La ordenanza no afectará al uso del hiyab ni se aplicará en lugares de culto o espacios donde sea habitual cubrirse el rostro por razones culturales o religiosas.
Un segundo intento tras el veto del Tribunal Supremo
Lleida ya intentó prohibir el burka en 2010, pero la medida fue anulada por el Tribunal Supremo al considerar que los ayuntamientos no tienen competencias para limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa. El actual gobierno municipal defiende que esta vez el enfoque es distinto, centrado en la autonomía de las mujeres y en la convivencia.
Reacciones políticas y sociales
La propuesta ha generado debate tanto en Cataluña como en el ámbito estatal. Mientras algunos sectores consideran la medida necesaria para garantizar la igualdad y la seguridad, otros alertan de que puede abrir un conflicto jurídico y social similar al de 2010. El Gobierno central ha pedido evitar la demagogia y abordar el asunto con análisis y pedagogía.
