Mañana miércoles llega al Parlamento de Galicia el conflicto de la Xunta de Galicia con los agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia tras anuncio realizado por el Conselleiro Diego Calvo anunciando recortes en los servicios de seguridad que realiza este cuerpo policial para que pasen a ser realizados por personal de seguridad privada, lo que ha sido visto como el principio de la privatización de la seguridad pública.
Esto ocurre en un momento donde la Confederación Española de Policía, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, desmiente al Conselleiro Diego Calvo y asegura que las decisiones que está tomando de prescindir de policías en San Caetano, Parlamento y en la residencia oficial del Presidente en Monte Pio, no responden a una necesidad operativa policial, sino que son decisiones de estrategia política que son impuestas a la Jefatura de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia y que nada tienen que ver con necesidades para cubrir otros servicios, porque eso no está ocurriendo, y los policías desconocen a qué servicio van a ir.
Desde la organización sindical denuncian que lo que se está llevando a cabo es una privatización encubierta de los servicios de seguridad pública, disfrazando esta decisión como una necesidad que para nada responde a la realidad. “Se están improvisando decisiones sobre la marcha, sin qué exista un ajuste real o refuerzo de otros servicios, como el reciente anuncio de dejar un solo policía en la residencia oficial de Monte Pio o en el Parlamento, lo que a nuestro juicio se hace con el único objetivo de evitar críticas de otras organizaciones políticas y que le saquen los colores al Conselleiro por desmantelar la seguridad pública en el Parlamento”, asegurando desde la Confederación Española de Policía que en todo caso, se persiste en utilizar a esta unidad policial como ariete político contra el Ministerio del Interior, poniendo en serio peligro la seguridad y la vida de los policías que quedan en los puestos sin capacidad ni medios de respuesta ante posibles ataques como el sucedido recientemente en la Comisaría de Pontevedra, donde se logró reducir entre varios agentes de la Policía Nacional a un hombre armado con un cuchillo, un hecho no anecdótico, ya que los agentes sufren en España una media de 1.400 agresiones mensuales.
Desde el CEP indican que “no es entendible ni lógico que se nieguen a asumir el 50% del salario de la seguridad pública policial que está pagando el Ministerio, pero sin embargo asuman el 100% de los salarios de la seguridad privada sustitutiva que están implantando, a lo que hay que sumar las ganancias lógicas de esas empresas privadas, además recuerda al Conselleiro que debería de dotar de chalecos antibala a los agentes de la Policía Nacional que se encuentran bajo su dependencia, para que los agentes no tuviesen que ir a pecho descubierto a ese tipo de servicios de riesgo, porque ni tan siquiera se les ha dotado de chalecos antibalas y anticorte de protección personal y llevamos una década, que se dice pronto, reclamándolos. Mejor haría el conselleiro en preguntar a su Director de Xeral de Interior el por qué no es capaz de conseguir chalecos como hace Andalucía, que ha comprado 275 para sus agentes, y no perder todos sus esfuerzos en tratar de orientar la acción sindical, y menos la de la Confederación Española de Policía, cuyo único color es la defensa del colectivo policial”.
Remarcan que, si tan preocupados están en la Xunta, que se ponga a trabajar el Conselleiro para conseguir renovar el acuerdo con el Ministerio, porque en Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, ya tienen nuevo acuerdo y está incorporando agentes a su Unidad Adscrita por docenas, lo que evidencia la incapacidad del Sr. Calvo para llegar a acuerdos, ya no con sindicatos, sino con otras administraciones.
Afirman que el Conselleiro debe reconocer que ha faltado a la verdad a los gallegos cuando afirmó que se reunió con los sindicatos policiales, o en su caso, debe decir con cuál se reunió y cuándo, si le ha informado de estos planes y si ese sindicato estuvo de acuerdo o manifestó conformidad, porque son llamativos ciertos silencios o ausencias ante el conflicto existente. “Con el sindicato CEP desde luego que no se ha reunido, ni tan siquiera nos ha convocado nunca, y eso que se le ha pedido de manera reiterada todos estos años, lo que indica una falta total de respeto hacia los representantes de los policías nacionales en Galicia”.
Indican desde la organización sindical que, si tan necesario es suprimir la presencia de los policías nacionales en los edificios institucionales y en el propio Parlamento de Galicia, debería informar a los agentes implicados a qué servicio en concreto y tan prioritario se van a dedicar los efectivos que retira de esas instituciones públicas.
“Exigimos al Conselleiro que, si como dice, la UPA tiene que dejar de prestar servicios policiales por falta de efectivos, un hecho que no compartimos en absoluto, debería priorizar y cumplir primero con las competencias propias para las que se adscribió la UPA y no a arriesgar la existencia de la unidad, además de no poner en riesgo innecesariamente la seguridad o la vida de los policías, que le adelantamos si tuviésemos que lamentar algún incidente con daño físico o riesgo para la vida, le haríamos directamente responsable de lo sucedido, por acción u omisión, y si hacen falta más efectivos policiales para cubrir otras competencias no propias que se prestan en colaboración, que sea el Ministro quien dote a las comisarías para hacerlas, pero es irresponsable e imprudente dejar un solo policía en puestos de seguridad vulnerables, con la situación actual de inseguridad en alerta 4 antiterrorista, así como con la quiebra del principio de autoridad en el que vivimos”, remarcan desde la CEP.
La Policía no se ha creado para aparentar, sino para ser efectiva, es un servicio público de atención al ciudadano, no un escaparate político y menos un arma arrojadiza y electoral, de ahí que, respecto a la sugerencia del Conselleiro de que la CEP debería manifestarse ante la Delegación del Gobierno o ante el Ministerio, tenemos que recordarle que la UPA tiene la dependencia funcional de la Conselleria que el Sr. Calvo ostenta, y que, por ese motivo ha podido tomar la decisión de prescindir de sus servicios en los edificios e instituciones públicas del autogobierno, “que a nuestro entender rompe con el acuerdo vigente y pone en peligro la propia existencia de la UPA”, si bien, como sindicato policial que se ha manifestado en docenas de veces contra “decisiones discriminatorias” por parte de Interior, desde la CEP recalcan que no pueden pedir para Galicia una prebenda que otras comunidades si pagan.
Desde la CEP remarcan que “debería preocuparse y centrar sus esfuerzos en hacer su trabajo pendiente, que no es otro, que alcanzar un nuevo acuerdo con el Ministerio Interior para dotar de nuevos agentes a la UPA gallega, como ya ha hecho su homólogo en Andalucía, porque la CEP no le va hacer su trabajo, ni va a permitir que se use a los agentes policiales en sus estratagemas de confrontación política, a la vez que advierten al conselleiro Diego Calvo que, de persistir en esta privatización de la seguridad pública, que ésta sí, es muy onerosa para los gallegos, escalarán un peldaño en la petición de responsabilidades políticas, ya que sin ninguna duda, el cese de Director de Xeral de Interior de la Xunta no es negociable, debe producirse por su manifiesta incompetencia”.
“El departamento de Interior de la Xunta parece el camarote de los hermanos Marx y pretenden que condicionar las protestas hacia el Ministro o al Delegado del Gobierno y evitar su responsabilidad”
Desde la CEP remarcan lo innecesario y caprichoso de las medidas adoptadas, porque lo que existe es una mala gestión política de distribución de los recursos policiales existentes en la Unidad Adscrita, una razón más para el cese de Director de Xeral de Interior de la Xunta, Santiago Villanueva, recordando que hay policías destinados en puestos con funciones solapadas, poniendo como ejemplo los cuatro agentes destinados en el central del 112 de La Estrada por decisión política, a pesar de no estar ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni Policía Local, y que solapan sus funciones con los destinados en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la UPA en Santiago, que prestan servicio a 24 horas, cuando en La Estrada finalizan servicio a las 21 horas, momento en el que desvían las llamadas a la Sala de Comunicaciones de la Jefatura UPA en Santiago, lo que la presencia de estos agentes es otro desperdicio de efectivos que pone en evidencia la deficiente y mala gestión que vienen denunciando desde la organización sindical, así como su incapacidad para llegar a acuerdos con otras administraciones e instituciones, que una vez más tiene como consecuencia que lo que debería ser un Centro Integral de Atención a las Emergencias en Galicia, sea simplemente un Centro Desintegrado de Emergencias y otro derroche más de efectivos y medios. “Es sólo un pequeño ejemplo de gestión deficiente de efectivos y donde se pueden recuperar operativos policiales sin debilitar otros servicios o poner en riesgo la seguridad y las vidas de los policías que desempeñan estas funciones, pero seguramente desde el camarote de Interior de la Xunta sigan sin practicar el diálogo con los representantes sindicales, porque poco podemos aportar a su sabia y eficiente gestión”, indican a la vez que añaden “rogamos tanto al presidente Rueda como a Diego Calvo que levanten el teléfono y le pregunten al Gobierno andaluz su funcionamiento, les aseguramos que lleva poco tiempo, y es eficaz, y si se ven incapaces en su departamento, esa gestión, sí que se la podemos hacer dese la CEP, para que ustedes puedan seguir en sus guerrillas políticas y no usar a la Policía Nacional como arma arrojadiza”, apuntan.
