El sindicato de la Policía Nacional UFP denuncia la utilización política del 112 en Navarra y rechaza cualquier intento de excluir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Desde la organización sindical manifiestan su más absoluto, enérgico e indignado rechazo a la campaña política promovida por EH Bildu, con el respaldo de los sindicatos ELA y LAB, dirigida a cuestionar la participación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el sistema de coordinación de emergencias del 112. Remaran que «resulta inaceptable que quienes se presentan como defensores de la convivencia, la pluralidad y la normalización democrática sean los mismos que impulsan iniciativas encaminadas a apartar a las instituciones del Estado de un servicio público esencial. No existe mayor contradicción que predicar integración mientras se practica la exclusión por razones ideológicas».
Desde la UFP consideran que convertir la seguridad pública en un campo de batalla política constituye una absoluta irresponsabilidad. «Las emergencias no entienden de ideologías, de siglas ni de intereses partidistas. Cuando un ciudadano llama al 112 solo espera una respuesta rápida, eficaz y coordinada. Todo lo demás supone anteponer un proyecto político a la protección de las personas».
La UFP en un duro comunicado remarcan que «es profundamente preocupante que se pretenda trasladar a la sociedad navarra el mensaje de que unos cuerpos policiales son más legítimos que otros para atender una emergencia. Ese planteamiento rompe deliberadamente el principio de cooperación institucional y fomenta una división artificial entre servidores públicos cuyo único objetivo es proteger a los ciudadanos.
Quienes acusan permanentemente a otras formaciones de imponer modelos identitarios deberían explicar por qué ahora pretenden imponer un modelo en el que la atención a los ciudadanos quede condicionada por criterios ideológicos. La verdadera hipocresía consiste en hablar de igualdad mientras se promueve un trato diferenciado hacia instituciones que forman parte de la estructura constitucional del Estado y que desempeñan diariamente su labor con absoluta profesionalidad.
La Policía Nacional y la Guardia Civil no son cuerpos ajenos a Navarra. Son instituciones al servicio de todos los navarros, sin distinción alguna, y han demostrado durante décadas un compromiso incuestionable con la seguridad, la libertad y la protección de los derechos de los ciudadanos. Intentar relegarlas o cuestionar su participación en la coordinación de emergencias supone un ataque injustificado contra miles de profesionales que cumplen con su deber cada día.
No vamos a permanecer en silencio mientras se intenta convertir un servicio esencial como el 112 en un instrumento de confrontación política. La seguridad ciudadana no pertenece a ningún partido político ni a ninguna organización sindical. Pertenece a todos los ciudadanos, que merecen que las administraciones actúen con responsabilidad, cooperación y lealtad institucional.
Exigimos que cualquier decisión relativa al funcionamiento del sistema de emergencias responda exclusivamente a criterios técnicos, operativos y de eficacia, y nunca a planteamientos ideológicos que puedan comprometer la coordinación entre cuerpos policiales o deteriorar el servicio que reciben los ciudadanos.
Defenderemos siempre una coordinación plena entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque la seguridad no admite sectarismos, vetos ni exclusiones. Quien utiliza las emergencias para dividir a los servidores públicos está anteponiendo sus intereses políticos al interés general de los navarros.
La seguridad no puede ser rehén de la ideología. Los ciudadanos merecen cooperación, no confrontación; eficacia, no exclusión; coordinación, no sectarismo».
