La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una nueva fase en la investigación del llamado “caso Koldo”, tras incautar cuatro memorias externas que contienen decenas de grabaciones realizadas por el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García. Las cintas, que recogen conversaciones con ministros, empresarios y dirigentes políticos de distintos partidos, podrían convertirse en una pieza clave para destapar una presunta trama de favores, comisiones y adjudicaciones irregulares.
Según fuentes judiciales, las grabaciones no solo implican a figuras del PSOE, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, sino también a miembros del Partido Popular, del PNV y a ejecutivos de empresas públicas y privadas. La amplitud del material ha obligado a la UCO a trabajar contrarreloj para analizar qué fragmentos contienen indicios sólidos de delito y cuáles podrían ser descartados por falta de relevancia penal.
Uno de los nombres que más ha resonado en esta fase de la investigación es el de Cerdán. Las grabaciones lo sitúan en el epicentro de supuestas comisiones vinculadas a contratos de obra pública. Aunque él ha negado rotundamente las acusaciones y ha denunciado que los audios han sido manipulados, el juez instructor ha autorizado a la UCO a investigar sus cuentas bancarias y productos financieros de los últimos once años. Esta decisión se produce tras la renuncia de Cerdán a su acta de diputado, lo que ha supuesto la pérdida de su aforamiento y ha abierto la puerta a una investigación más exhaustiva sobre su patrimonio personal.
La solicitud de la UCO incluye el rastreo de movimientos bancarios, cobros de cheques, transferencias, cambios de divisas y cualquier operación superior a 300 euros desde 2014. Además, se ha requerido a la Agencia Tributaria un informe completo sobre sus bienes, rentas, relaciones societarias y posibles activos en el extranjero.
Mientras tanto, el contenido de las grabaciones sigue generando un terremoto político. Algunas conversaciones, como una entre García y el exministro Ábalos, han sido calificadas de “repugnantes” por miembros del propio Gobierno. La investigación, que parecía centrarse en un círculo reducido, amenaza ahora con salpicar a buena parte del arco parlamentario y del tejido empresarial español.
Lo que comenzó como un escándalo administrativo se perfila como una radiografía cruda del poder cuando se siente impune. Y en el centro de todo, un asesor que grabó para protegerse… y terminó encendiendo una mecha que aún no ha terminado de arder. ¿Será esta la antesala de una regeneración política o solo otro capítulo en la crónica de la desconfianza institucional? El tiempo —y la UCO— lo dirán.
