Por: Alejandro López Calviño. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Cuerpo de la Policía Local de A Coruña. 0009-0004-3781-9930
Afirmaba Curzio Malaparte que quien ha tomado parte en una guerra será beligerante para siempre. La frase nació de las cenizas de la Europa de mediados del siglo XX, pero resulta difícil no encontrar en ella un reflejo de lo que todavía hoy viven muchos policías y militares. Hay trabajos que terminan cuando acaba el turno y otros que, aunque el reloj marque la hora de salida, tardan mucho más en terminar.
Lo que el escritor italiano describía como una marca indeleble en el espíritu es, bajo el prisma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), una patología del rol que desdibuja la frontera entre la persona y el uniforme, y que encuentra una de sus expresiones más trágicas en la alarmante tasa de suicidios que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se trata únicamente de hablar de enfermedad. Se trata de comprender hasta qué punto una profesión puede llegar a ocupar un espacio tan profundo en la vida de quien la ejerce que, con el paso de los años, resulta difícil separar al policía de la persona que hay detrás del uniforme.
En España, hablar de salud mental y bienestar psicosocial en quienes trabajan en seguridad continúa siendo incómodo. Hablamos de estrés, de desgaste, de trauma y, en su expresión más dolorosa, de suicidio. Pero detrás de cada cifra hay una persona. Alguien que durante años ha aprendido a controlar el miedo, a no mostrar demasiado lo que siente y a seguir adelante incluso cuando lo vivido habría desbordado a cualquiera. Esa capacidad de mantenerse en pie resulta necesaria en determinados momentos, pero también puede tener un precio. Con el tiempo, aquello que ayudó a sobrevivir durante el servicio puede dificultar la vuelta a una vida tranquila cuando la amenaza ya ha desaparecido.
Para el profesional de la seguridad, la «beligerancia» de la que hablaba Malaparte no tiene por qué significar hostilidad. Puede ser algo mucho más cotidiano: vivir preparado para que ocurra algo. Mirar alrededor sin darse cuenta. Escuchar un ruido y preguntarse de dónde procede. Entrar en un lugar pensando primero en las salidas. Mantener una parte de la atención pendiente de aquello que podría suceder. Durante el servicio, esa forma de estar puede salvar una vida. El problema aparece cuando cuesta apagarla al llegar a casa.
Ahí comienza una parte menos visible del riesgo psicosocial. La hipervigilancia, que durante el servicio constituye una herramienta de protección, no siempre desaparece cuando termina la jornada. El cuerpo llega a casa, pero una parte de la persona sigue de guardia. Entonces el descanso deja de cumplir plenamente su función. La tensión permanece, el sueño puede no resultar reparador y aquello que debería ser un espacio de seguridad acaba convirtiéndose, simplemente, en otro lugar donde seguir acumulando cansancio.
Y aquí conviene hacer una precisión importante. No existe en España una única «Administración» policial. Existen numerosos cuerpos, con estructuras, recursos, modelos de gestión y niveles de desarrollo preventivo diferentes. Se manejan cifras en torno a 1.828 cuerpos policiales, una magnitud que permite comprender la diversidad de realidades que conviven bajo una misma denominación. No sería riguroso afirmar que todos funcionan igual, que todos previenen mal o que todos incumplen sus obligaciones. Tampoco sería justo. Pero reconocer esa diversidad no puede llevarnos al extremo contrario: negar que existen organizaciones en las que la prevención puede resultar insuficiente.
La cuestión, por tanto, no consiste en acusar indiscriminadamente. Consiste en comprobar qué está ocurriendo allí donde existen riesgos y si estos están siendo realmente identificados, evaluados y tratados. La normativa preventiva obliga a considerar los riesgos derivados del trabajo, incluidos los relacionados con la organización, la carga mental, el estrés y los factores psicosociales. La dificultad aparece cuando, en determinados cuerpos u organizaciones, las evaluaciones resultan superficiales, parciales o desactualizadas, o cuando no consiguen reflejar lo que realmente significa trabajar durante años en un entorno policial.
Porque una evaluación puede estar correctamente cumplimentada sobre el papel y, aun así, no responder a la realidad de quien patrulla una noche tras otra, presencia violencia, interviene en situaciones límite y, unas horas después, vuelve a casa intentando comportarse como si nada hubiera ocurrido.
Cuando esa realidad no se reconoce, el trabajador puede comenzar a encerrarse en sí mismo. Aparece entonces lo que podemos denominar «efecto búnker»: evitación experiencial, hipervigilancia, disociación, condicionamiento del miedo y una dificultad cada vez mayor para bajar la guardia. No suele suceder de un día para otro. Muchas veces comienza de una manera mucho más silenciosa. Se habla menos. Se duerme peor. Se pierde interés por cosas que antes importaban. Se evita a los demás. Se aprende a convivir con el malestar hasta que termina pareciendo parte normal de la vida.
Y quizá una de las experiencias más dolorosas sea sentirse solo precisamente dentro de la organización a la que se ha dedicado una parte importante de la propia vida.
Las cifras de suicidio en colectivos policiales deben analizarse con rigor y sin convertirlas automáticamente en una acusación contra una institución concreta. Existen diferencias entre cuerpos, periodos, metodologías y denominadores utilizados. Pero esas diferencias tampoco pueden servir para esconder el problema. Cuando aparecen de forma reiterada señales de sufrimiento, desgaste y mortalidad por suicidio, la respuesta preventiva no puede consistir simplemente en esperar a que llegue el siguiente caso.
La piel del policía se endurece con los años. Se acostumbra a ver cosas que otras personas no ven. Aprende a controlar el miedo, a mantener la cabeza fría y a continuar cuando la situación lo exige. Esa dureza puede ser necesaria para trabajar. Lo que no debería ocurrir es que se convierta en una obligación para toda la vida. Porque esa «piel», como sugería Malaparte, puede terminar siendo demasiado gruesa para sentir el alivio de la paz, pero demasiado frágil para sostener el peso de una desesperanza agravada por la falta de respaldo preventivo oficial.
Existe, además, una particularidad que hace especialmente difícil separar por completo al policía de su profesión. En España, el policía mantiene determinados deberes de intervención incluso después de haber terminado su jornada. En determinadas circunstancias, deberá intervenir en cualquier tiempo y lugar, se halle o no de servicio. Esto no significa que jurídicamente permanezca de servicio las veinticuatro horas de los 365 días del año. Significa algo diferente, pero importante: que el deber policial puede acompañarlo incluso cuando ya no lleva el uniforme.
Puede estar comprando con su familia, cenando, conduciendo o intentando desconectar después de una noche complicada y encontrarse, de repente, ante una situación en la que debe actuar. El uniforme puede haberse quedado en la taquilla. La responsabilidad profesional, sin embargo, puede volver a aparecer en cualquier momento.
Esta realidad tiene una consecuencia psicológica que merece ser considerada. Para muchos policías, la frontera entre «estar trabajando» y «estar fuera del trabajo» nunca llega a ser completamente nítida. El cuerpo abandona la comisaría, la jefatura, el cuartel, pero la mente puede tardar bastante más en abandonar el papel que desempeña. Cuando esa continuidad se suma a la exposición a la violencia, la responsabilidad sobre terceros, las experiencias traumáticas y el acceso a medios potencialmente letales, la recuperación adquiere una dificultad que no debería quedar al margen de la prevención.
Por eso, hablar de salud mental policial no debería significar únicamente hablar de enfermedad. También significa hablar de descanso, de recuperación, de organización del trabajo, de liderazgo, de apoyo y de reconocimiento. Significa, en definitiva, permitir que quien durante horas ha tenido que ser policía pueda volver a sentirse simplemente persona cuando llega a casa.
Reconocer que el conflicto deja una huella es un primer paso. Pero ese reconocimiento debe alcanzar también los ámbitos jurídico, organizativo y preventivo.
No se trata de señalar con el dedo a las 1.828 organizaciones policiales como si todas fueran iguales. Tampoco de convertir cualquier deficiencia en una acusación contra toda la Administración. Se trata de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más exigente: saber qué se está haciendo bien, dónde existen carencias y qué debe mejorarse. Allí donde la prevención funciona, debe reconocerse. Allí donde resulta insuficiente, debe corregirse.
Porque detrás de cada procedimiento, de cada evaluación y de cada cifra hay alguien que vuelve a casa.
Y quizá esa sea la verdadera cuestión: que el policía pueda quitarse el uniforme sin sentir que todavía tiene que llevar puesta la guerra.
La «paz» de estos trabajadores no empieza necesariamente cuando termina el turno. Empieza cuando recuperan de verdad la capacidad de descansar, de sentirse seguros y de volver a ser ellos mismos. La prevención debería ayudar precisamente a eso.
Mientras la evaluación de riesgos psicosociales siga siendo la gran asignatura pendiente, el vaticinio de Malaparte seguirá cobrándose vidas: muchos hombres y mujeres continuarán librando, en la soledad absoluta de su conciencia y, a menudo, con su arma reglamentaria como único testigo, una guerra que la ley debería haber ayudado a desactivar.
La guerra puede haber terminado para quien la observa desde fuera. Para quien la ha vivido desde dentro, a veces la trinchera continúa mucho después. Y ninguna persona debería tener que librarla sola.
Un artículo de Alejandro López Calviño. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Cuerpo de la Policía Local de A Coruña. 0009-0004-3781-9930
