El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial, vestidos de paisano, accedieron al Parlamento andaluz y acudieron al despacho del diputado José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, para notificarle formalmente una querella presentada por la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La querella fue presentada por el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, y se apoya en el artículo 504.2 del Código Penal, que penaliza “las injurias contra los cuerpos y fuerzas de seguridad”. El fiscal considera que las declaraciones de García constituyen “hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales” y “apoyo explícito a la violencia contra ellos”.
Añade que sus palabras “podrían ser tipificadas como delito de odio”, aunque esa imputación no figura formalmente en el escrito.
Dos meses antes, García había participado en una concentración de protesta en la capital andaluza por la muerte de Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que fue perseguido por agentes municipales y murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. El diputado cuestionó la actuación policial con unas palabras que han motivado la querella del Ministerio Público: “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.
