Los sindicatos de la Policía Nacional de referencia en el colectivo policial CEP, SUP, JUPOL y UFP han mostrado su cabreo y puesto el grito en el cielo con la nueva Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que prohíbe a los policías que multen el consumo o tenencia de droga en vehículos.
El sindicato Unión Federal de Policía -UFP-, sindicato representativo de la Policía Nacional denuncia que la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad es un retroceso en la lucha contra el consumo de drogas en espacios públicos y una limitación injustificada a la labor policial.
Desde la UFP manifiestan su rotundo rechazo a la reciente Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece que el consumo o tenencia ilícita de drogas en el interior de vehículos particulares estacionados no constituye infracción administrativa, siempre que no se destine al tráfico ni se conduzca bajo los efectos de estas sustancias. Un cambio que resta eficacia a la seguridad ciudadana y da aliento a quienes trafican con sustancias estupefacientes que ven como se establece un lugar habilitado en vía pública para el consumo y tenencia de drogas.
Desde la Confederación Española de Policía -CEP- Indican que esta iniciativa llama poderosamente la atención puesto que durante una década Interior -ni los responsables ministeriales del actual Gobierno, desde 2018, ni quienes les precedieron, entre 2015 y la moción de censura que puso fin a la legislatura- jamás ha puesto una sola pega a una actividad policial sobradamente conocida, puesto que se desarrolla en la calle y su fin es, precisamente, prevenir la comisión de ilícitos penales (un conductor drogado en un vehículo se sitúa en la antesala de un delito contra la seguridad vial, puesto que puede llegar a poner en peligro la integridad y la vida de terceras personas si se desplaza afectado por el consumo de sustancias estupefacientes) antes de que las consecuencias, en el caso de permitir esos comportamientos, puedan generar daños mucho mayores en la seguridad ciudadana.
“Los policías necesitamos mayor protección física y jurídica en nuestro trabajo. Y eso pasa, entre otras cosas, porque Interior deje de incumplir la Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2024, en la que se le condenaba, por una demanda de CEP, a desarrollar la norma que haga realidad el seguro de responsabilidad civil para los policías nacionales. Más de un año después de esa resolución del Alto Tribunal, el departamento de Grande-Marlaska sigue sin aprobar el Real Decreto que materialice ese plus de protección para los agentes mientras que, al contrario, sí despliega una llamativa hiperactividad para la interpretación restrictiva de lo que los socios parlamentarios del actual Gobierno conocen como ‘Ley Mordaza’”.
Desde el Sindicato Unificado de Policía –SUP– remarcan que esta medida, a todas luces inconcebible, neutraliza por completo la labor preventiva de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al dejar sin herramientas legales a los agentes para intervenir ante una situación que, en la práctica, puede derivar en tragedias en carretera.
A partir de ahora, según esta norma, indican, cualquier persona puede consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos, quedando completamente fuera del alcance de la actuación policial hasta que sea demasiado tarde. Como nos han transmitido decenas de compañeros desde todo el país: “Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior”.
Desde JUPOL advierten que esta instrucción puede tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales. La exclusión de sanción administrativa en este tipo de contextos transmite una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo.
Indican que “esta instrucción no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia impulsada por el Gobierno para relajar la normativa en materia de seguridad ciudadana, tal y como demuestra la modificación que pretende llevar a cabo de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Lejos de reforzar el marco legal frente al consumo, la tenencia o el tráfico de drogas —actividades que tienen un impacto directo en la salud pública y la seguridad—, el Ejecutivo está promoviendo cambios legislativos que suavizan las sanciones, limitan la capacidad de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acaban por normalizar o tolerar comportamientos que deberían ser objeto de firme vigilancia”.
Desde JUPOL denuncian que esta deriva legislativa no solo dificulta su labor diaria, sino que además pone en riesgo a los ciudadanos al transmitir un mensaje de permisividad frente a conductas que generan adicción, inseguridad, criminalidad y deterioro del entorno urbano, y añaden que del mismo modo, esta instrucción va a suponer una importante inseguridad jurídica para los agentes intervinientes ante este tipo de hechos, ya que con esta instrucción se establecen criterios ambiguos sobre cuándo puede considerarse una infracción, lo que compromete la eficacia policial, desincentiva la actuación proactiva y expone a los agentes a posibles denuncias o represalias disciplinarias, incluso cuando su intervención esté justificada
