Por Ernesto Vilariño. Secretario General de JUCIL
El último informe del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) ha vuelto a poner a España frente al espejo de su compromiso —o falta de él— con la lucha anticorrupción. Y el reflejo, aunque esperado, no es halagüeño. Lamentablemente, el nivel de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo globalmente insatisfactorio.
Pero en medio de del panorama desalentador que describe, una luz que se mantiene firme: la Guardia Civil. La Benemérita sigue siendo sinónimo de profesionalidad, eficacia y compromiso con la legalidad.
En un país donde la palabra “corrupción” ha dejado de escandalizar y donde los gobiernos —sean del color que sean— tienden más a blindarse que a abrir ventanas, que una institución como el Consejo de Europa señale el trabajo de la Benemérita como ejemplar no es un simple formalismo. Es una advertencia: hay quien sigue luchando por la limpieza institucional, y no está en los despachos del poder. Aun así, el camino dentro de la DGGC todavía es largo y con muchos asuntos que mejorar en beneficio del buen nombre de la Guardia Civil y todos los hombres y mujeres que formamos nuestra institución.
Aunque el informe no hace referencia directa a ella, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido un actor fundamental en la lucha contra la lacra de la corrupción. La UCO no necesita presentación, pocas unidades pueden presumir de su historial. Lleva décadas destapando tramas de corrupción política, económica y criminal, desenterrando pruebas y señalando responsables que muchos preferirían dejar ocultos. Lo ha hecho contra corruptos de toda filiación, contra mafias, empresarios, políticos e incluso contra los silencios cómplices del sistema, y precisamente por eso se ha convertido en un objetivo molesto para el poder.
Pero esa independencia incómoda se paga. En lugar de reconocimiento, lo que recibe son ceses, recortes y presiones. El Ministerio del Interior ha reducido su margen de maniobra y ha tardado años en reforzarla, y solo con 15 agentes… de manera temporal. El mensaje es claro: cuanto menos moleste, mejor. Así se trata en España a quien investiga demasiado bien. Y aun así, los efectivos de esta unidad siguen trabajando con la independencia y profesionalidad que les caracteriza, sin caer en la tentación de la propaganda ni del servilismo.
Si algo deja claro el último informe del GRECO es que España sigue sin tomarse en serio la regeneración institucional. La frase que lo resume todo es contundente: “GRECO concluye que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo globalmente insatisfactorio”. No se han abordado reformas clave como la revisión del régimen de aforamientos o la regulación de los lobbies, y la transparencia en las fuerzas de seguridad continúa siendo un reto pendiente.
Ahora bien, dentro de ese panorama estancado, hay matices importantes. En su evaluación publicada esta semana, el GRECO reconoce que la Guardia Civil ha avanzado más que otros cuerpos policiales en la aplicación de medidas internas contra la corrupción. Y no lo dice en abstracto: menciona logros concretos como la implementación del Sistema de Integridad (SINTEGC), el Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP), la mejora de los canales de denuncia interna o la protección de denunciantes. La línea es ascendente, aunque todavía insuficiente.
Sin embargo, no todo son elogios. El informe advierte de carencias estructurales graves: aún no existe una estrategia integral de integridad para todas las fuerzas policiales; el régimen disciplinario sigue siendo opaco; el Protocolo de Buenas Prácticas aún no se ha adoptado; y persisten prácticas inaceptables, como que un mismo superior actúe como instructor y sancionador en faltas leves, algo incompatible con cualquier principio básico de imparcialidad.
Como subraya el propio documento: “GRECO insta a las autoridades, una vez más, a proceder con una revisión sustancial del régimen disciplinario para garantizar la equidad y proporcionalidad en los procesos”.
En resumen, hay avances, especialmente dentro de la Guardia Civil, pero no al ritmo ni con la profundidad que el contexto exige. Mientras otros cuerpos —y el propio poder legislativo— permanecen inmóviles, la Benemérita es la que más se ha movido. Pero sin un respaldo político real, ese esfuerzo corre el riesgo de agotarse.
Lo más admirable y llamativo —y al mismo tiempo lo más preocupante— es que esta labor de integridad e investigación se sostiene con menos efectivos que nunca. La Guardia Civil arrastra más de 17.000 vacantes sin cubrir, una cifra que no deja de crecer y que, según todas las previsiones, superará las 25.000 en los próximos años, con la jubilación masiva de la generación del baby boom que ingresó en los años 90.
Esta carencia estructural no es fruto del azar. Es consecuencia de años de abandono institucional, de recortes silenciosos y de una falta de voluntad para reforzar lo que sí funciona. La UCO y el resto de unidades de la Guardia Civil trabajan a destajo, con recursos cada vez más limitados, soportando además una presión política creciente. Y, sin embargo, se les exige una eficacia, objetividad e independencia que ni el propio sistema está dispuesto a facilitarles.
¿Cómo se puede mantener una investigación judicial rigurosa si cada año hay menos agentes, más trabas y menos respaldo? Esa es la pregunta que nadie en el poder parece querer responder.
Mientras algunos cargos públicos insisten en deslegitimar su labor, el prestigio de la Guardia Civil —y en especial de la UCO— no deja de crecer por sus resultados. Porque cuando se trata de poner luz donde hay oscuridad, la UCO ha demostrado ser el faro más fiable del Estado.
No es casual que el GRECO la elogie mientras reprende al Gobierno por su inmovilismo. Tampoco lo es que desde dentro del propio cuerpo se exija lo mínimo que debería garantizar cualquier democracia: recursos, respeto y libertad para investigar sin cortapisas.
La lucha contra la corrupción no puede seguir dependiendo solo del sacrificio de unos pocos profesionales. Requiere estructura, estabilidad y compromiso institucional. Si la UCO ha logrado mantener viva la esperanza de un Estado justo, no es para que se le utilice como escudo político, ni para que se le desgaste por hacer su trabajo demasiado bien.
Este informe deja una verdad clara: la integridad institucional no se proclama, se demuestra. Y en España, quienes más la están defendiendo no están en los escaños ni en los consejos de ministros, sino sobre el terreno, recogiendo pruebas, redactando atestados, soportando presiones y cumpliendo con su deber con una profesionalidad que merece algo más que aplausos de ocasión.
La Guardia Civil —con todas sus carencias—, y la UCO en particular, merecen recursos, estabilidad y respeto. No por corporativismo, sino porque son la última línea de defensa frente a una corrupción que sigue más viva de lo que muchos quieren reconocer.
El GRECO lo ha dicho. ¿Escuchará alguien en el Gobierno?
