La realidad supera, una vez más, los protocolos. En varias ciudades españolas, cuerpos policiales han detenido a progenitores de origen magrebí que habrían abandonado intencionadamente a sus hijos menores en territorio nacional con un objetivo claro: activar el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados (menas) y beneficiarse indirectamente de las ayudas que este conlleva.
Lejos de tratarse de casos de desamparo real, las investigaciones apuntan a un patrón premeditado. Familias que llegan a España con visado turístico, acompañadas de sus hijos, y que tras unos días los dejan en centros de acogida o los instruyen para presentarse solos ante las autoridades. Una vez el menor es tutelado por la administración, se inicia un proceso que garantiza alojamiento, manutención, educación y asistencia sanitaria, todo financiado por el Estado.
“Hay familias que están trayendo a sus hijos desde Marruecos para que los mantenga el Estado a través del servicio de protección a menores”, ha afirmado Xavier García Albiol, político español perteneciente al Partido Popular, alcalde de la ciudad de Badalona, en directo durante una entrevista para el programa En boca de todos de Quatro el 25-10-2025.
Un sistema pensado para proteger, convertido en vía de acceso
El fenómeno, detectado en comunidades como Cataluña, País Vasco, Murcia y Melilla, revela una instrumentalización del sistema de protección infantil. Algunos padres incluso han intentado recuperar la tutela meses después, cuando el menor ya ha obtenido documentación o acceso a programas de integración.
Según fuentes policiales, no se trata de familias en situación de extrema necesidad, sino de núcleos con recursos suficientes en sus países de origen que ven en este mecanismo una oportunidad para establecer una base legal en España y facilitar una futura reagrupación familiar.
¿Cómo se combate el fraude sin castigar la protección?
El reto institucional es complejo. Endurecer los protocolos de acogida podría poner en riesgo a menores realmente vulnerables. Pero ignorar el fraude supone una carga económica y social para el sistema, además de una distorsión del principio de protección universal.
La Fiscalía de Menores y los servicios sociales ya trabajan en revisar expedientes y reforzar la cooperación internacional, especialmente con Marruecos y Argelia, para verificar la situación real de los menores y sus familias.
