La intervención de un agente de la Policía Nacional que empujó a una profesora jubilada ha sido prostituida para convertirla en un circo político donde la búsqueda de la verdad o la versión analítica y profesional importa menos que la imperiosa necesidad de fabricar un enemigo. Lo que debería haberse tratado como un error humano aislado ha sido convertido en un martirio público de un policía, un boicot a una institución bicentenaria al servicio de la ciudadanía y una verdadera crucifixión de un humano destinada a desviar la atención de escándalos políticos y retroalimentar cierta narrativa propagandística.
La intervención policial, que en cualquier democracia avanzada debería analizarse con serenidad, proporcionalidad y rigor, ha sido elevada a categoría de dogma ideológico. Un fallo individual bajo cuyo control existen suficientes mecanismos internos de régimen disciplinario y, si procede, a la acción de la justicia ha sido manipulado políticamente hasta convertirse en un arma de destrucción masiva. Una estrategia propagandística que bien recuerda a los movimientos extremadamente fanáticos del pasado siglo XX basados en el principio de simplificación y del enemigo único, técnicas atribuida al ministro nazi Joseph Goebbels.
Ciertos perfiles políticos, con ayuda de la munición proporcionada por ciertos canales de comunicación prostituidos por el poder, han pasado de condenar el hecho, respaldar la investigación y permitir que los protocolos funcionen. En su lugar, incluso boicoteando su propia dignidad públicamente, han preferido optar por demonizar al agente, como si se tratase de un engendro de satanás parido de las tinieblas más profundas del abismo.
Un agente de Policía Nacional martirizado ante el Imperio
La errónea y puntual actuación del agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) lo ha catapultado a un escarnio público criminalizándolo ante la opinión pública con una crudeza que recuerda a los relatos bíblicos del martirio.
No se ha permitido una crítica analítica ni profesional, no se ha permitido la presunción de inocencia, no se ha atendido a protocolos de actuación ni contexto de los hechos… Un policía ha sido puesto en el centro de la diana amordazado y rodeado de gritos, acusaciones y apedreamientos masivos tanto por vías analógicas como por digitales.
El agente ha sido fustigado como un criminal incluso de ser escuchado, prostituido políticamente para ser reconvertido en símbolo de una batalla política que nada tiene que ver con él.
Su figura ha sido utilizada como sacrificio mediático para satisfacer la necesidad de ciertos sectores de exhibir un enemigo, un “culpable útil” que tape otros problemas. Una verdadera bendición para aquellos que tratan de aferrarse a su trono en uno de los momentos más tristes de la democracia española y dignidad política.
Una institución de más de 200 años atacada por intereses coyunturales
La Policía Nacional, con más de dos siglos de historia a sus hombros, ha superado guerras, dictaduras, transiciones y crisis sociales. Ha evolucionado, se ha profesionalizado y ha construido protocolos de actuación y mecanismos disciplinarios que garantizan el control interno y la rendición de cuentas caminando hacia una profesionalización envidiable por los mejores cuerpos policiales a nivel mundial.
Sin embargo, algunos políticos han optado por usar a este agente como puñal para criminalizar a toda la institución y obtener rédito partidista. No buscan justicia, sino titulares. No buscan mejorar la seguridad pública, sino erosionar la credibilidad de un cuerpo que no les es políticamente útil.
Resulta paradójico —y profundamente irresponsable— que quienes deberían defender las instituciones del Estado sean quienes las atacan con mayor virulencia cuando les conviene.
La crucifixión como cortina de humo perfecta
La estrategia propagandística es tan antigua como efectiva: cuando la agenda mediática se llena de casos de corrupción, prevaricación, gestión nefasta, crisis, inflación… nada funciona mejor que levantar una cortina de humo.
Para muchos cínicos una poca yesca les es suficiente para convertir en pólvora y provocar un incendio masivo sobre el panorama nacional abonando las cabezas de sus afines de estiércol mediático. Qué mejor si en escena aparece policía uniformado, aquel que lleva cosida una bandera de España sobre su brazo, que mejor sacrificio que el de un agente expuesto, grabado en vídeo y completamente identificado para convertirlo en herramienta perfecta para una solución final.
La politización de esta intervención no busca proteger a la profesora, ni mejorar los protocolos, ni fortalecer la convivencia… ¿Acaso algún político fue a visitarla al hospital o mandarle un WhatsApp para darle animos?… La guerra es directa y está milimétricamente orquestada para buscar desviar la atención, generar ruido y alimentar un relato que permita a ciertos sectores presentarse como salvadores frente a un enemigo inventado por ellos mismos.
Conclusión: menos propaganda y más responsabilidad institucional
La intervención debe investigarse, corregirse y, si procede, sancionarse. Eso es lo que hace un Estado serio y profesional. Pero convertir un error humano en un martirio político es un acto de irresponsabilidad que erosiona la confianza pública y debilita a las instituciones que sostienen nuestra democracia.
La Policía Nacional no merece ser utilizada como arma electoral. El agente no merece ser crucificado ni martirizado y la ciudadanía no merece que la propaganda destruya su confianza en los protocolos ni legislación pertinente para juzgar o castigar cada acto según las circunstancias que merezcan.
No van a conseguir desviar mi atención a la lacra del gobierno.
Qué responsabilidad tiene la profesora por desoír las instrucciones policiales, que autorización tenía para ocupar la carretera y con su acción impedir la circulación segura de los vehículos, los responsables de organizar la protesta, que responsabilidad tienen por no controlar a los manifestantes dentro de los márgenes de la autorización, alguien será sancionado por ello.
El policía actuó con los medios a su alcance, su actuación será estudiada con lupa y en su caso será sancionado, dudo que alguien sancione a los organizadores de la protesta, que también están identificados e incluso la jubilada denunciante, por su actuación ilegal.