Desde la Confederación Española de Policía –CEP– en Baleares, sindicato policial representativo de referencia en las islas, denuncian y rechazan las cantidades económicas propuestas y planteadas por la Administración para actualizar el complemento de insularidad de los empleados públicos estatales destinados en las Islas Baleares.
Indican que dspués de más de veinte años de reivindicaciones, con plantillas bajo mínimos, de compañeros obligados a vivir en una de las comunidades más caras de España y de una pérdida constante de policías que se marchan en cuanto tienen la mínima oportunidad, la respuesta que se pretende dar es una cantidad ridícula, alejada por completo de la realidad social y económica de nuestras islas.
Remarcan que la propuesta realizada no compensa la vida en Baleares. No compensa el precio de la vivienda. No compensa el coste de la cesta de la compra. No compensa los desplazamientos. No compensa la dificultad de formar una familia aquí y desde luego, y no sirve para fijar plantillas ni para garantizar unos servicios públicos de calidad.
«Queremos que los ciudadanos lo entiendan bien, esto no va solo de lo que cobra un policía, un guardia civil, un funcionario de prisiones, un trabajador de Justicia o cualquier otro empleado público estatal. Esto va, de si Baleares puede y se merece tener unos servicios públicos dignos, plantillas cubiertas y profesionales arraigados en las islas.
Porque la realidad ahora es evidente, muchos funcionarios no quieren venir a Baleares y muchos de los que vienen lo hacen obligados, permanecen el tiempo imprescindible y se marchan en cuanto pueden.
No es lo mismo una plantilla formada por profesionales que desean quedarse, que conocen el territorio, que se integran en la realidad social de las islas y que pueden desarrollar aquí su proyecto de vida, que una plantilla en permanente rotación, agotada económicamente y con la cabeza puesta en marcharse.
Por eso consideramos que esta propuesta es una chapuza y un insulto. No responde a la realidad de Baleares y no está a la altura del problema que pretende resolver. Además, resulta especialmente incomprensible que la compensación por vivir en Baleares se siga planteando con diferencias según el grupo funcionarial. El precio del alquiler o la hipoteca no pregunta si uno es A1, C1 o C2. La hipoteca no baja porque un policía cobre menos que un inspector. La cesta de la compra no distingue escalas, categorías ni grupos administrativos.
Precisamente quienes tienen salarios más ajustados son quienes sufren con más dureza el sobrecoste de vivir en estas islas. Por eso no tiene sentido que el complemento se module de forma tan desigual, como si unos empleados públicos necesitaran más que otros para afrontar el mismo mercado de vivienda, los mismos precios y las mismas dificultades.
Aunque en Ibiza, Menorca y Formentera las cantidades puedan ser superiores a las de Mallorca, también siguen lejos de una compensación real y suficiente. La doble o triple insularidad no puede convertirse en una excusa para maquillar una medida que, en su conjunto, nace claramente insuficiente».
Desde CEP Baleares lo denuncian con claridad, «no aceptamos que esta actualización se venda como una solución histórica. No lo es. Es un parche insuficiente, tardío y mal diseñado», «si el Gobierno quiere resolver de verdad el problema, debe aprobar un complemento digno, suficiente, homogéneo y vinculado a la realidad del coste de vida en Baleares. Un complemento que sirva para atraer funcionarios, pero sobre todo para que se queden».
Desde CEP Baleares apuntan que seguirán defendiendo una InsularidadDigna con firmeza, «lo que está en juego no es dinero, está en juego la calidad del servicio público que recibimos todos los ciudadanos de Baleares».
