La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, solicita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, un informe sobre la «entrada irregular masiva» los días 30 y 31 de julio.
El objetivo es conocer si la entrada de decenas de miles de personas es una «acción concertada».
Tras una denuncia de la organización Iustitia Europa, quienes interpusieron una denuncia penal contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales».
Esta denuncia responde a los presuntos delitos contra la Seguridad del Estado contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber.
