La Audiencia Nacional ha iniciado formalmente las diligencias previas al juicio en el procedimiento interpuesto por el sindicato de la Policía Nacional JUPOL contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía (DGP) por el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención de riesgos laborales y la consiguiente vulneración de derechos fundamentales de los policías nacionales.
Mediante Auto dictado el pasado 9 de diciembre de 2025 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el tribunal ha acordado la admisión de la prueba propuesta por JUPOL, dando así un paso decisivo en la tramitación de este procedimiento judicial, que tiene por objeto esclarecer el alcance real de los incumplimientos preventivos denunciados y depurar las responsabilidades de la Administración.
Entre las diligencias acordadas, la Audiencia Nacional ha admitido el interrogatorio del representante legal del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, así como un extenso requerimiento de documentación oficial que deberá ser aportada por la Administración demandada, relacionada con evaluaciones de riesgos laborales, vigilancia de la salud, siniestralidad, agresiones a policías, riesgos psicosociales, EPIs, chalecos antibalas, armeros, auditorías preventivas, simulacros de emergencia y actas de los órganos de participación sindical, entre otros extremos.
JUPOL destaca la especial relevancia de esta fase procesal, ya que obliga por primera vez a Interior y a la DGP a aportar de manera oficial y sistematizada información clave sobre su modelo de prevención de riesgos laborales, permitiendo comprobar si este cumple realmente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o si, como denuncia el sindicato, se trata de un sistema meramente formal, ineficaz y alejado de la realidad operativa de la Policía Nacional.
El sindicato reitera que esta demanda no responde a hechos puntuales, sino a un incumplimiento estructural, prolongado y generalizado del deber de protección, que afecta a miles de agentes y que se traduce en riesgos graves para su integridad física y psicológica, en un contexto marcado además por el aumento histórico de las agresiones a policías y la falta de adaptación preventiva a esta realidad.
Asimismo, JUPOL subraya que el procedimiento judicial también analiza la posible vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, ante la reiterada negativa de la Administración a facilitar información esencial, realizar consultas reales y permitir una participación efectiva de los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral.
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha señalado que “el inicio de estas diligencias confirma que nuestra demanda tiene base jurídica sólida y que la Audiencia Nacional considera necesario examinar en profundidad la actuación de Interior y de la DGP. Llevamos años denunciando un abandono preventivo inaceptable y ahora será la Justicia la que determine si se han vulnerado derechos fundamentales de los policías nacionales”.
Desde JUPOL se insiste en que este procedimiento judicial persigue un único objetivo: que se cumpla la ley y que se garantice una protección real y eficaz a quienes garantizan la seguridad de todos, poniendo fin a un modelo preventivo que, según el sindicato, ha demostrado ser insuficiente y contrario a los derechos más básicos del colectivo policial.
