El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero mantiene hoy un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el que le ha trasladado un amplio informe sobre las consecuencias de esta cesión de competencias y ha solicitado su apoyo parar frenar la aprobación de la misma
El sindicato JUPOL (Justicia Policial) ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados un informe detallado sobre las graves consecuencias de la Proposición de Ley Orgánica de Delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de Competencias Estatales en Materia de Inmigración, pactada entre el PSOE y Junts per Catalunya.
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero ha trasladado la preocupación del sindicato ante una medida que supone una vulneración del marco constitucional, un menoscabo para la seguridad nacional y un ataque directo a la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Además, ha subrayado la falta de justificación técnica y operativa de esta medida, que parece responder exclusivamente a intereses políticos y no a criterios de eficiencia en la gestión migratoria. Un informe, que hoy se ha presentado al Partido Popular, y que se hará llegar también al resto de grupos parlamentarios constitucionalistas de representación nacional (PSOE, SUMAR y VOX), con los que JUPOL se ha mostrado abierto a mantener nuevos encuentros para analizar en detalle la situación generada ante la cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras.
Riesgos para la seguridad y la igualdad
Desde JUPOL se denuncia que esta delegación de competencias rompe el principio de unidad y pone en riesgo la eficacia de las políticas de extranjería y seguridad. La inmigración, según el artículo 149.1. 2ª de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado, ya que afecta a la seguridad, la economía y la cohesión social del país.
Permitir que una comunidad autónoma gestione estas competencias podría generar desigualdades y un efecto llamada con consecuencias imprevisibles. Asimismo, la falta de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad puede derivar en un aumento de la delincuencia organizada y en una gestión deficiente de los flujos migratorios.
Expulsión progresiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil
El informe presentado alerta de que esta proposición de ley no busca mejorar la gestión migratoria, sino la progresiva expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña, en línea con los objetivos históricos de los partidos independentistas. Según los datos analizados, la aprobación de esta medida provocaría la pérdida de destino de cientos de agentes, forzándolos a abandonar la región junto con sus familias, lo que supondría un grave perjuicio para la seguridad ciudadana. Esto, a su vez, dejaría sin protección a miles de ciudadanos, generando un vacío de seguridad en determinadas zonas de Cataluña.
Ausencia de control constitucional y aumento de efectivos de los Mossos.
El secretario general de JUPOL ha denunciado también la maniobra política mediante la cual esta iniciativa ha sido presentada como Proposición de Ley por los grupos parlamentarios del PSOE y Junts per Catalunya, evitando el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y el control jurídico y constitucional de la norma. Además, se prevé un aumento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra de 19.000 a 26.800 efectivos, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil verían reducido drásticamente su número de agentes en Cataluña. Este refuerzo de los Mossos no se acompaña de un plan de supervisión adecuado ni de garantías de neutralidad en la aplicación de la normativa de extranjería, lo que podría derivar en criterios arbitrarios en la gestión migratoria.
Rechazo y acciones legales
JUPOL ha instado a los grupos parlamentarios a rechazar esta proposición de ley y, en caso de ser aprobada, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la cesión de estas competencias. Asimismo, el sindicato advierte que adoptará todas las medidas necesarias, incluyendo movilizaciones y acciones legales, para frenar esta iniciativa que considera perjudicial para la seguridad y la unidad del Estado.
La organización sindical reafirma su compromiso con la defensa de la unidad, la seguridad y la igualdad de todos los ciudadanos, y advierte de que permanecerá vigilante ante cualquier intento de menoscabar el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
