El sindicato de la Policía Nacional JUPOL vuelve a denunciar públicamente las graves consecuencias de la sensación de impunidad y de la pérdida del principio de autoridad tras el violentísimo motín ocurrido en el Centro de Menores de Juslibol (Zaragoza), donde la intervención policial se ha saldado con ocho agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) heridos y entre seis y diez vigilantes de seguridad y trabajadores del centro lesionados.
Los hechos se desencadenaron cuando varios internos se atrincheraron en el interior del centro tras apoderarse de las llaves de un módulo, llegando incluso a agredir de forma extremadamente violenta a un vigilante de seguridad, al que golpearon con mobiliario y otros objetos. La gravedad de la situación obligó a una intervención urgente y compleja de la UIP, que tuvo que actuar con rapidez para evitar consecuencias aún más graves y restablecer la seguridad en las instalaciones. Durante el operativo se practicaron varias detenciones.
Desde JUPOL queremos trasladar nuestro apoyo absoluto a los compañeros de la UIP, que han vuelto a demostrar su profesionalidad y entrega en una intervención de altísimo riesgo, así como a los vigilantes de seguridad y trabajadores del centro que también resultaron heridos. A todos ellos les deseamos una pronta y total recuperación.
Pero este nuevo episodio de violencia extrema no es un hecho aislado. Es el resultado directo de un sistema que ha debilitado el principio de autoridad y ha generado una preocupante percepción de impunidad, especialmente en determinados entornos donde la agresividad contra los profesionales de la seguridad se ha normalizado.
Desde JUPOL exigimos de manera inmediata un endurecimiento legislativo que proteja de forma real y efectiva a los policías y a los profesionales que trabajan en centros de menores, así como una reforma profunda de la Ley del Menor, que actualmente resulta claramente insuficiente para afrontar situaciones de violencia grave y reiterada como la vivida hoy en Juslibol.
Además, solicitamos el refuerzo de los protocolos de seguridad y de los medios materiales y humanos en este tipo de centros, donde cada vez son más frecuentes los episodios de agresiones, motines y altercados violentos.
Por otro lado, JUPOL sigue denunciando un aumento de la criminalidad en las calles, especialmente la relacionada con los delitos más graves. Unos datos, irrefutables y recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que desmontan por completo el relato gubernamental. Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad.
Desde JUPOL advertimos que este deterioro de la seguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces. A ello se suma el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más desprotegidas ante el crecimiento de la violencia.
Resulta especialmente preocupante la pérdida del principio de autoridad, alentada por la falta de respaldo político y judicial a la labor policial y que se demuestra con las 17.000 agresiones que sufrieron los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2024. JUPOL exige al Gobierno una batería de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y restauren el respeto institucional hacia quienes garantizan la seguridad.
No es aceptable que quienes velan por la seguridad y el orden público, o trabajan en primera línea en centros especialmente sensibles, lo hagan en condiciones de riesgo creciente y con un respaldo legal cada vez más débil.
Lo ocurrido en Juslibol debe marcar un antes y un después. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan las agresiones y la violencia contra los profesionales.
