El sindicato JUPOL advierte que los datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre de 2025 “sufren más cocina que el CIS de Tezanos”, en un intento por maquillar una realidad que cada vez resulta más preocupante.
Remarcan que los propios datos oficiales no pueden ocultar una tendencia alarmante: los delitos más graves y que mayor alarma social generan siguen aumentando. Ponen como ejemplo los homicidios dolosos en grado de tentativa, que se disparan un 19,9%, las agresiones sexuales con penetración, que aumentan un 7,6%, los delitos graves y menos graves de lesiones, con una subida del 2,1% o el tráfico de drogas, que experimenta un incremento del 4,9%.
Desde JUPOL quieren destacar que estos delitos no solo reflejan un deterioro evidente de la seguridad ciudadana, sino que también suponen un riesgo directo para la integridad de los ciudadanos y de los propios agentes de policía.
Permisividad ante el tráfico y consumo de drogas
Indican que en este contexto, la respuesta del Ministerio del Interior no solo es insuficiente, sino que va en dirección contraria. Así lo demuestra la reciente Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula la actuación policial respecto a la tenencia o consumo de drogas en vehículos particulares. Una medida que, lejos de reforzar el control frente al consumo y tráfico de drogas, debilita la acción policial, transmite un mensaje de permisividad y normaliza el consumo de estupefacientes en espacios públicos.
Desde JUPOL denuncian que esta instrucción resta herramientas a los agentes, al reducir su capacidad de intervención administrativa, genera inseguridad jurídica, con criterios ambiguos que pueden derivar en denuncias o represalias contra los propios policías y pone en riesgo la seguridad vial y la salud pública, al facilitar consumos que pueden derivar en conducción bajo los efectos de drogas. Del mismo modo, con esta permisividad ante el consumo de drogas se altera la convivencia vecinal, favoreciendo entornos urbanos degradados y situaciones de impunidad.
«El Ministerio del Interior, en lugar de impulsar un endurecimiento legislativo frente a la escalada delictiva, está promoviendo una relajación normativa que pone en peligro a policías y ciudadanos», de ahí que ante esta situación, JUPOL exija la actualización integral del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, que lleva sin actualizarse desde el año 2008 y es necesario adecuarlo a las necesidades operativas y a la realidad delincuencial actual, así como garantizar una dotación suficiente de efectivos en las áreas más sensibles.
Además, insisten en la necesidad urgente de reconocer a la Policía Nacional como profesión de riesgo, ante el aumento de delitos violentos y la creciente exposición de los agentes a situaciones de extrema peligrosidad.
«La criminalidad grave no deja de crecer, y la respuesta no puede ser esconder la realidad bajo cifras maquilladas, ni desarmar legalmente a quienes están en primera línea. Los policías necesitan más protección, no más instrucciones que dificultan su labor. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas alejadas de la realidad de las calles».
