El sindicato JUPOL, expresa su rotundo rechazo a la “Instrucción N.º 7/2025, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de vehículos particulares utilizados exclusivamente como medios de transporte estacionados”.
Desde JUPOL advierten que esta instrucción puede tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales. La exclusión de sanción administrativa en este tipo de contextos transmite una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo.
Indican que «esta instrucción no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia impulsada por el Gobierno para relajar la normativa en materia de seguridad ciudadana, tal y como demuestra la modificación que pretende llevar a cabo de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Lejos de reforzar el marco legal frente al consumo, la tenencia o el tráfico de drogas —actividades que tienen un impacto directo en la salud pública y la seguridad—, el Ejecutivo está promoviendo cambios legislativos que suavizan las sanciones, limitan la capacidad de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acaban por normalizar o tolerar comportamientos que deberían ser objeto de firme vigilancia».
Desde JUPOL denuncian que esta deriva legislativa no solo dificulta su labor diaria, sino que además pone en riesgo a los ciudadanos al transmitir un mensaje de permisividad frente a conductas que generan adicción, inseguridad, criminalidad y deterioro del entorno urbano, y añaden que del mismo modo, esta instrucción va a suponer una importante inseguridad jurídica para los agentes intervinientes ante este tipo de hechos, ya que con esta instrucción se establecen criterios ambiguos sobre cuándo puede considerarse una infracción, lo que compromete la eficacia policial, desincentiva la actuación proactiva y expone a los agentes a posibles denuncias o represalias disciplinarias, incluso cuando su intervención esté justificada
Un enfoque laxo que normaliza el consumo y pone en riesgo la convivencia
Apuntan a que permitir el consumo de drogas en el interior de vehículos estacionados, al considerarlo un acto dentro del ámbito privado, supone un error de base en la interpretación del espacio público. Aunque el vehículo esté detenido, su ubicación en la vía pública lo convierte en un entorno visible y potencialmente influenciable, especialmente para colectivos jóvenes o vulnerables. Esta permisividad no hace más que normalizar el consumo de drogas, generando una falsa percepción de legalidad o aceptación social e incrementar el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas, ya que no existe garantía de que el conductor no se pondrá en marcha tras haber consumido.
«Además, esta medida provocará problemas de convivencia vecinal, con quejas por ruido, olores, actitudes molestas o comportamientos agresivos que alteran la tranquilidad de barrios y comunidades y genera una sensación de impunidad, minando la confianza en la autoridad policial y debilitando la credibilidad del sistema legal».
Desde JUPOL están convencidos que con esta instrucción se va a crear un entorno propicio para otras conductas delictivas, como la tenencia de armas, objetos robados, consumo simultáneo de alcohol u otras sustancias o incluso delitos contra la propiedad o las personas.
Una instrucción que resta herramientas a los agentes
Advierten que la nueva regulación también tiene un efecto directo sobre la operatividad policial. Al restringir la intervención administrativa en estos casos, se reduce injustificadamente la capacidad de los agentes para actuar ante situaciones problemáticas, aun cuando existan indicios claros de alteración del orden público, riesgo sanitario o amenaza a la seguridad.
Además, «esta instrucción dificulta la detección temprana de problemas de adicción, ya que los consumos discretos en espacios cerrados como vehículos impiden la actuación preventiva de familiares o servicios sociales y debilita la presencia policial en zonas sensibles, ya que el marco legal ya no ampara actuaciones en determinados escenarios, aunque estos puedan ser foco de delitos o inseguridad».
Seguridad vial y salud pública en peligro
Aunque la instrucción distingue entre consumo en vehículos detenidos y en tránsito, desde JUPOL advierten que no puede desligarse el consumo del riesgo inmediato que supone ponerse al volante bajo los efectos de drogas. La experiencia policial demuestra que muchos de estos consumos acaban en situaciones de conducción temeraria, accidentes o agresiones.
Por lo tanto, «esta permisividad también acarreará un aumento de los accidentes de tráfico, con consecuencias letales para conductores, peatones y otros usuarios de la vía, mayores costes sanitarios y sociales, en atención médica, rehabilitación, pérdida de productividad y recursos judiciales y un impacto negativo en la percepción de seguridad, al crear entornos urbanos degradados que favorecen la criminalidad y disuaden la convivencia pacífica».
Además, en este punto preocupa especialmente la inseguridad jurídica a la que se van a ver expuestos los agentes, al solamente poder sancionar cuando sean conductas delictivas, sin especificar cuáles son estas conductas, por lo que se establecen criterios ambiguos sobre cuándo puede considerarse una infracción o cuándo no, se deja a criterio del agente una valoración que puede ser fácilmente cuestionada posteriormente, tanto por los infractores como por instancias judiciales.
Exigen una rectificación inmediata
JUPOL considera que esta instrucción es un nuevo ejemplo de desconexión entre los despachos del Ministerio del Interior y la realidad de la calle. Exigen que se revoque o revise urgentemente esta directriz para garantizar que los policías cuenten con respaldo legal claro y efectivo en la lucha contra el consumo de drogas, no solo por su vertiente penal, sino también por su impacto social, sanitario y comunitario.
La seguridad no puede relajarse por motivos ideológicos o interpretaciones laxas del derecho. Los ciudadanos merecen espacios públicos seguros, limpios y libres de drogas, y los policías merecen herramientas legales eficaces para garantizarlo.
