
Ernesto Vilariño*
Fuimos los primeros en reivindicarla, incluso cuando éramos solo una idea, una plataforma. Hace ocho años, un grupo de guardias civiles y policías nacionales nos unimos para reclamar lo que considerábamos justo, lo que creíamos que nos correspondía: la Equiparación Salarial. De aquella aventura, organizada en la plataforma JUSAPOL, nació la gran victoria que hoy representa JUCIL.
Conseguimos movilizar a todos los compañeros, azules y verdes, sacarlos a las calles. Aquella marea de colores oceánicos logró en 2018 un hito histórico, algo que ninguna asociación policial había conseguido en 30 años: un acuerdo para la equiparación salarial. Aquel momento fue la prueba de que, juntos, somos imparables. No pudimos sentarnos a firmar aquel acuerdo por una simple formalidad jurídica, éramos solo una plataforma, pero lo conseguimos. Logramos lo que otros no habían hecho en tres décadas. Por eso nos constituimos como asociación.
Aquel acuerdo de 2018 tenía un plazo de tres años, con el objetivo de que los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional cobraran lo mismo que los cuerpos autonómicos para 2020. Sin embargo, la equiparación «real» no se ha materializado.
Como Guardia Civil, me encuentro cansado de la doble moral de la Administración. Cuando oigo hablar de la subida salarial de los funcionarios, siento una mezcla de alivio y una profunda indignación.
Sí, el Gobierno se apunta el tanto: nuestros sueldos, como los de todo empleado público, han crecido. Un 9% de incremento acumulado entre 2022 y 2024. Pero permítanme que les diga que, para mí y mis compañeros, esto es un espejismo. Mientras el resto del funcionariado recupera poco a poco su poder adquisitivo, nosotros seguimos con la losa de la equiparación salarial sin resolver.
La verdadera «congelación» no está en el sueldo base, sino en la promesa rota de igualdad. Hoy, la realidad es una bofetada constante: un agente autonómico (ertzaina o mosso) puede percibir hasta 500 euros más al mes que yo por realizar un trabajo de similar responsabilidad y riesgo.
Y la injusticia se vuelve un insulto cuando hablamos del retiro. Al jubilarnos, la diferencia se dispara, dejando a un Guardia Civil o un Policía Nacional con hasta 900 euros menos de pensión mensual que un compañero de una policía autonómica. Desde 2018 hasta hoy, un guardia civil o un policía jubilado ha dejado de ganar respecto a un mosso la friolera de 91.010,83 €. La cantidad que un Guardia Civil o un Policía Nacional deja de percibir durante una media de 20 años jubilados puede alcanzar los 253.500 €. Esto no es solo una cuestión de dinero; es una cuestión de dignidad y de reconocimiento por una vida de servicio al Estado.
El artículo 14 de la Constitución establece que los españoles somos “iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿Acaso ser guardia civil es menos que un mosso d’esquadra o que un ertzaintza? Lo único que nos diferencia es el lugar de nacimiento, y en muchos casos ni eso. Desarrollamos las mismas funciones -e incluso más, aunque nos las quieran usurpar por todos los medios-, nos exponemos al riesgo igual que ellos, cobramos el sueldo de los mismos presupuestos. Por lo tanto, ¿por qué haciendo lo mismo tenemos distintos derechos?
Además, las cuentas son claras. Los efectivos de la Benemérita trabajamos un mes más al año que nuestros compañeros de la Policía Nacional, pero nuestro sueldo es el mismo que ellos tienen, lo que demuestra que esa diferencia salarial es mucho mayor. O bien trabajamos un mes al año gratis, o nuestra hora de servicio se paga muy por debajo.
Por eso, desde JUCIL, reivindicamos también los turnos laborales 6×6, un pasito más a esa equiparación real. Todo nuestro trabajo y reivindicaciones se encaminan a lograr nuestro objetivo. Estamos luchando no sólo a nivel nacional, sino también europeo para que se nos reconozcan unos derechos, el de sindicación y huelga, que nos permitirían ejercer más presión sobre la Administración, que una y otra vez han rechazado cualquier medida que acabe con esa brecha.
Lo más doloroso es ver cómo se perpetúa esta desigualdad en la esfera política. Hace no mucho, una Proposición No de Ley para llevar a cabo la equiparación y hacer un estudio de las necesidades de los agentes fue rechazada en el Congreso en 2024.
Esto demuestra que, para los políticos, la Guardia Civil es un cuerpo esencial en el discurso, pero prescindible a la hora de garantizar sueldos justos. Nos dan las migajas del aumento general para «cumplir», mientras dejan intacta la desigualdad estructural.
La Administración nos aplica la ley del embudo: subidas generales para el trámite, pero congelación total en la equiparación real. No queremos caridad, queremos justicia. Queremos que se cumpla lo prometido y que se reconozca que nuestro sacrificio vale, al menos, lo mismo que el de cualquier otro agente policial en España.
Mientras la Administración nos frena y la clase política nos da la espalda, nuestra labor no cesa. La equiparación es y seguirá siendo nuestro gran objetivo, pero JUCIL ha demostrado ser más que eso. Hemos removido y reivindicado temas a lo largo de estos años que nadie más había destapado, causas a las que otros nunca dieron importancia y que, al revelarlas desde JUCIL, se han subido al carro.
No vamos a bajar los brazos. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos.
Somos JUCIL, estamos contigo en cada lucha.

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