JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, expresa su apoyo inequívoco a los guardias civiles que prestaron servicio durante la crisis fronteriza de Ceuta y que continúan desempeñando sus funciones para devolver la normalidad en la ciudad autónoma. Los agentes actuaron y siguen haciéndolo en situaciones de alta exigencia operativa para proteger a la población, prestar auxilio humanitario y velar por la integridad de una frontera que forma parte del territorio español y de la Unión Europea.
Frente a la difusión de un informe por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, en el que se atribuyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles responsabilidades generales por supuestos malos tratos, JUCIL rechaza categóricamente dichas afirmaciones por no ajustarse a la realidad del desempeño profesional del colectivo.
Garantías y supervisión en el marco democrático
JUCIL recuerda que la Guardia Civil desarrolla su labor bajo el amparo de una democracia constitucional plenamente integrada en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. España se sitúa entre los países con mayor nivel de adscripción y compromiso normativo del mundo en esta materia: está suscrita al 100% al Sistema Universal de Naciones Unidas (Declaración Universal, Pactos Internacionales de 1966 y convenciones temáticas) y al Sistema Europeo (Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta de Derechos Fundamentales de la UE), encontrándose al margen de los convenios regionales americano y africano únicamente por razones de adscripción geográfica.
Asimismo, la actuación de los agentes está sujeta de forma permanente al control interno y externo de los juzgados y tribunales, del Parlamento, del Defensor del Pueblo y de los órganos de supervisión correspondientes. Este esquema de garantismo e inspección pública asegura que cualquier intervención sea examinada bajo parámetros estrictamente legales, estando plenamente sometido el territorio español a la jurisdicción de tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo.
Por todo ello, la asociación considera que no resulta procedente formular imputaciones o señalamientos genéricos contra la institución sin aportar pruebas fehacientes ni canalizar tales observaciones a través de las vías institucionales y judiciales previstas.
La Benemérita: auxilio, servicio y cumplimiento de la ley
La denominación histórica de la Benemérita responde a una trayectoria continuada de servicio público, auxilio a la ciudadanía y respeto a la dignidad de las personas en todas las circunstancias operativas.
JUCIL subraya que los guardias civiles destinados en la frontera requieren medios materiales adecuados, instrucciones claras y el debido respaldo institucional para ejercer su cometido en condiciones de seguridad jurídica, especialmente cuando se emiten valoraciones externas que puedan afectar injustamente a su reputación profesional.
Llamamiento a la vía institucional y al rigor
Desde la asociación profesional se solicita a las instituciones españolas un posicionamiento claro que respalde la labor realizada por los agentes en Ceuta y que ponga en valor el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Asimismo, se insta a que los cauces de diálogo y cooperación en materia migratoria y fronteriza se fundamenten en el rigor, el principio de veracidad y la vía institucional.
En este sentido, el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, señala que desde la organización se mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de imputar a los agentes responsabilidades por situaciones operativas complejas que ellos no han generado, recordando que la Guardia Civil encarna el servicio público, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.
JUCIL reitera su compromiso ineludible con los valores constitucionales y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que mantendrá la protección del honor profesional de los guardias civiles en particular y del cuerpo en general ante valoraciones globales que carezcan del debido sustento probatorio.
