- Ha entregado un informe donde detalla la grave carencia de personal y la obsolescencia de medios e infraestructuras.
- La asociación exige un plan de choque urgente y denuncia una histórica discriminación profesional y salarial frente a otros cuerpos policiales.
JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se ha reunido con la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez, para trasladarle de primera mano un exhaustivo informe sobre la crítica situación que ha atravesado el Cuerpo. Además de las dos grandes reivindicaciones sobre las que se fundó la asociación, la equiparación salarial y la profesión de riesgo, el documento ha detallado otra serie de temas de igual importancia como la grave carencia de personal, la obsolescencia de medios e infraestructuras, y una histórica desigualdad profesional que ha comprometido la seguridad de los agentes y la eficacia del servicio público.
Durante el encuentro, la asociación ha hecho especial hincapié en que la Guardia Civil se ha encontrado al límite. Por ello, JUCIL ha exigido una vez más el reconocimiento de la Benemérita como profesión de riesgo y la equiparación salarial total con otros cuerpos policiales. La asociación ha insistido en que estas dos reivindicaciones, largamente esperadas, son fundamentales para compensar la peligrosidad inherente a su labor diaria y para hacer justicia a un colectivo que asume misiones esenciales para la seguridad del país.
Además, JUCIL ha denunciado una clara situación de desigualdad al comparar a la Benemérita con la Policía Nacional. Mientras el pase a la reserva es voluntario en la Policía, es automático para la Guardia Civil, lo que ha provocado la pérdida de miles de agentes cualificados que han pasado a la reserva sin un destino operativo. Ante esta situación, agravada por las jubilaciones masivas de las promociones de los años 90, ha generado un déficit neto de cerca de 2.000 agentes anuales. Para revertir esta tendencia, la asociación ha reclamado un incremento de la Oferta de Empleo Público con un mínimo de 5.000 plazas anuales durante la próxima década.
La asociación ha trasladado a la secretaria de Estado el profundo malestar de los efectivos por el desmantelamiento que se ha llevado a cabo en Cataluña, la falta de seguridad en la zona especial de seguridad y los graves sucesos que se han vivido en el Campo de Gibraltar, donde la lucha contra el narcotráfico se ha librado en condiciones de inferioridad desde la desaparición de la unidad OCON Sur.
Otro de los puntos centrales de la reunión ha sido la peligrosa brecha tecnológica y operativa existente entre el Cuerpo y las organizaciones criminales, que se han enfrentado con vehículos de última generación, armamento sofisticado y drones. JUCIL ha expuesto que los agentes han operado con medios anticuados y un parque móvil deteriorado. El informe ha detallado que tanto vehículos terrestres como embarcaciones del Servicio Marítimo y aeronaves han sufrido un grave desgaste y falta de renovación, lo que ha puesto en riesgo la vida de los agentes en operaciones de alto riesgo, como la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, se ha abordado el lamentable estado de las infraestructuras. La asociación ha criticado que muchos acuartelamientos han estado obsoletos, han carecido de generadores de emergencia, calabozos dignos y material informático actualizado. JUCIL ha instado al Ministerio del Interior a realizar una inversión urgente y planificada para renovar estos medios y asegurar que los agentes puedan trabajar en un entorno seguro y eficiente.
Finalmente, la asociación ha denunciado la injusticia de las dietas, sin actualizar desde 2002, que han obligado a los agentes a costear sus propios gastos en comisiones de servicio. También se ha puesto sobre la mesa la desproporción del régimen sancionador, que aplica la jurisdicción militar a faltas de carácter policial, lo que ha limitado la tutela judicial efectiva.
JUCIL ha concluido la reunión señalando que una reforma integral no es solo una cuestión de derechos, sino una necesidad urgente para garantizar la seguridad ciudadana y la eficacia operativa en el siglo XXI
