La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), muestra su preocupación tras conocerse el anuncio verbal para desalojar 14 pabellones y unidades del Cuartel de la Guardia Civil en Utiel (Valencia), medida que afecta tanto a los guardias civiles destinados en dicha unidad como a sus familias residentes en los pabellones anexos.
Ante esta situación la asociación ha remitido un escrito a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González solicitando que se deje sin efecto la orden verbal de abandono de las viviendas, por no ajustarse a la legalidad, y en su lugar se proceda a remitir a los afectados una orden de desalojo escrita, motivada y firmada por la autoridad competente para ello, con la instrucción de recursos que corresponda, a los interesados, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos en la legislación y normativa vigente, acompañando la documentación justificativa y reiniciando de nuevo el plazo para llevarlo a cabo.
“Pedimos que se reconsidere esta decisión unilateral y que se facilite a esta asociación toda la documentación que justifica el desalojo del Cuartel de Utiel, obrante en los registros y archivos de la Guardia Civil, o se nos informe que no existe”, ha precisado Agustín Leal secretario de comunicación de JUCIL.
Orden verbal que no garantiza la transparencia
Para JUCIL la orden no se ajusta a la legalidad, y en su lugar se solicita que la Administración proceda a remitir a los afectados una orden de desalojo escrita y motivada, incluyendo si existe el informe del arquitecto del ayuntamiento de Utiel, y el resto de la documentación que sustenta el desalojo, así como las medidas encaminadas a la reubicación y la protección de los derechos de los guardias civiles y sus familias ya que el desalojo también afectará a la actividad laboral de sus parejas y a la educación de sus hijos.
En el escrito remitido a la dirección general de la Guardia Civil también se expone que se remita a esta asociación, de existir, toda la documentación que proceda del Ayuntamiento de Utiel, competente para declarar la situación de ruina (en su caso) de las instalaciones, o se nos informe que no existe. En particular, el dictamen pericial de ruina o que proceda emitido por los servicios técnicos municipales. Además, JUCIL reclama que se informe a esta asociación las gestiones realizadas para garantizar el alojamiento alternativo tanto de las unidades operativas como de los agentes y sus familias, especificando plazos y condiciones de las soluciones propuestas.
Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL, recalca: “que, de no existir una solución inmediata, se proceda de manera urgente a la habilitación de instalaciones provisionales adecuadas para los compañeros y sus familias”. “Un alojamiento digno y seguro para las familias desalojadas, preferentemente en viviendas aptas y preparadas para su ocupación inmediata.
Alternativamente, es de recordar que para otras necesidades de alojamiento la Administración pone a disposición otros alojamientos como hoteles. En defecto de todo lo anterior, habilitar viviendas temporales dignas y apropiadas, en condiciones de seguridad, dado que se va a saber que allí están alojados integrantes de la Guardia Civil y sus familias, así como establecer ayudas económicas compensatorias para que las familias afectadas puedan alquilar vi-viendas cercanas mientras se resuelve la situación, a través de ayudas de acción social o de cualquier otro tipo”, ha añadido Leal.
