La escasez de munición compromete la formación táctica y operativa de los agentes.
La cancelación del contrato con la empresa adjudicataria israelí puede acarrear un importante perjuicio económico para el Estado.
JUCIL alerta del impacto directo en la seguridad de los guardias civiles y de la ciudadanía.
La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha trasladado su profunda preocupación a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) tras la reciente reunión de la Comisión de Riesgos Laborales del Pleno del Consejo del Cuerpo, celebrada en el día de hoy. La falta de munición está afectando negativamente a los ejercicios de tiro, reduciendo tanto el número de prácticas como los cartuchos disponibles para cada agente, lo que compromete directamente su preparación profesional.
Durante el turno de ruegos y preguntas de la comisión, la administración confirmó la existencia de un expediente de licitación de munición actualmente adjudicado, pero cuya ejecución se encuentra bloqueada por una posible anulación, según indicaron, por intención política ajena a la DGGC, anunciada hace un par de semanas. El contrato, que ha sido formalmente adjudicado, contempla tres lotes de munición, dos de ellos a una empresa israelí, Guardian Homeland Security S.A., y uno más a una firma no israelí.
Con fecha de 28 de abril de 2025, JUCIL ya remitió un escrito a la DGGC informando sobre esta problemática en las reservas de munición y solicitando explicaciones sobre la supuesta cancelación del contrato.
La Administración ha explicado que anular unilateralmente este contrato sería difícil de justificar legalmente, ya que la empresa ha cumplido con los requisitos establecidos y, de producirse, obligaría al Estado a indemnizar a la adjudicataria, lo que generaría un coste añadido que, hasta el momento, no ha sido aclarado de dónde se cubrirá presupuestariamente.
JUCIL ha denunciado que esta situación pone en riesgo tanto la seguridad de los agentes como de los ciudadanos, ya que una formación deficiente en el manejo del arma reglamentaria compromete la eficacia operativa, especialmente en unidades especializadas. La escasez de munición, reconocida ya en documentos internos desde noviembre de 2024, podría agravarse si se cancela el contrato sin un plan de contingencia inmediato.
Además, la asociación destaca la incertidumbre presupuestaria generada por esta posible indemnización, en un contexto donde los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados por tercer año consecutivo, y donde no se cubren adecuadamente necesidades clave como la equiparación salarial o la reposición de efectivos.
La licitación inicial del contrato, iniciada en febrero de 2024, tenía como objetivo abastecer 19,8 millones de cartuchos de 9 mm parabellum entre 2025 y 2027, con un presupuesto de 8.276.400 €. El calendario de entregas, ya aprobado, queda ahora en el aire, lo que podría demorar en más de un año la llegada del nuevo material si se inicia un nuevo proceso.
JUCIL ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Guardia Civil:
- Los motivos oficiales de la cancelación del contrato de suministro adjudicado.
- Información detallada sobre las reservas actuales y el stock disponible de cartuchería 9 mm para el uso diario de los agentes.
- Las previsiones para un nuevo concurso público, plazos estimados de adjudicación y planes de contingencia mientras dure el proceso.
- Información sobre las posibles indemnizaciones a la empresa adjudicataria y el impacto que esto puede tener en otras partidas presupuestarias esenciales (sobreesfuerzos, mantenimiento de pabellones, mejoras laborales, etc.).
Finalmente, JUCIL exige una respuesta urgente y transparente por parte de la Administración, y vuelve a advertir de las graves consecuencias que la falta de medios materiales y de formación puede tener en el desempeño diario de los agentes de la Guardia Civil. La asociación recuerda que la suma de esta situación con la escasez de recursos, una normativa penal laxa y la pérdida de autoridad institucional contribuye de forma clara al deterioro de la seguridad ciudadana, por lo que vuelve a reclamar que la profesión sea reconocida como de riesgo.
