JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, exige a los sindicatos y Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que tenga “altura de miras” a la hora de negociar el complemento de insularidad y tenga en cuenta el coste de vida real en las Islas Baleares. Además, denuncia la falta de claridad y concreción en la aplicación de las mejoras salariales.
JUCIL denuncia que la falta de un sueldo digno, acorde a la carestía de vida en el archipiélago, está provocando una alarmante fluctuación de personal que merma la estabilidad y la calidad del servicio de seguridad en la región.
Los datos sobre la entrada y salida de agentes de la Benemérita en los últimos cinco años son críticos. Si bien se tiene registro de que han llegado 1.000 efectivos, asimismo, han salido otros tantos, quedándose únicamente 250 guardias civiles – cifra además engañosa ya que buena parte de ellos pronto estarán en condición de solicitar destino y se marcharán, como viene sucediendo de forma repetitiva año tras año. A esto hay que sumar que la mitad de los que han pasado por la región en estos años son guardias alumnos en prácticas, con quienes se viene cubriendo el saldo negativo cada año en el movimiento de agentes con el empleo consolidado. Esta situación ha convertido a Baleares, según JUCIL, en una “extensión de la academia”, un destino de paso donde los agentes pasan el tiempo imprescindible para completar su formación y después se marchan bien preparados a otros territorios. “Formamos talento sin crear las condiciones adecuadas para retenerlo”, afirma Tomás Quesada, secretario provincial de JUCIL en Baleares.
La asociación es además crítica y contundente con la reciente falta de claridad en la aplicación de las mejoras salariales. Cuando recientemente se firmó el acuerdo de la Función Pública con una subida general, se recogía un acuerdo para la insularidad de Baleares que incluía unas cifras fijas y trienios en las tablas presentadas. Sin embargo, en escritos posteriores, el contenido de esas tablas ha variado, eliminando las cantidades fijas y los trienios previamente aprobados, quedando finalmente emplazados tanto las cantidades definitivas como el sistema de aplicación a una nueva negociación en una mesa de la Función Pública donde se defina finalmente el complemento.
JUCIL subraya que Baleares siempre ha tenido una tabla de compensación propia, con criterios diferentes y a toda vista insuficientes dada la singularidad del elevado coste vida. Ahora, además, es el único lugar donde la indemnización por residencia se aplica de forma desligada entre trabajadores estatales y autonómicos.
«Exigimos que tanto los sindicatos como el Ministerio de la Función Pública demuestren altura de miras y negocien unas cantidades apropiadas para la indemnización por residencia. Dichas cuantías deben ajustarse estrictamente al elevado coste de la vida en Baleares, que difiere significativamente de otras regiones.
Sostenemos que este complemento en Baleares debe estar orientado a las necesidades y circunstancias del territorio y no en equiparación a la de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, donde el coste de la vida es notablemente inferior. Históricamente, estas islas mediterráneas nunca han contado con un sistema de retribución similar al de otros territorios con indemnización, ni tampoco ahora al que afecta a los trabajadores autonómicos, quienes además disponen de complementos retributivos adicionales, como los destinados a puestos de difícil cobertura.
No podemos permitir que se repita lo que ocurrió en 2006, cuando Baleares fue discriminada por imponerle unos planteamientos que no resolvían las necesidades reales de los agentes”, reclama Quesada.
Sobre JUCIL:
Con más de 15.000 miembros, JUCIL es la asociación profesional más combativa de la Guardia Civil gracias a su espíritu combativo en defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros del Instituto y de la reputación del mismo. Los tres grandes objetivos de JUCIL son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, mejorar las condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil y defender el despliegue eficaz y la dotación adecuada del cuerpo en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas.
