JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha presentado un escrito formal ante la Dirección General de la Guardia Civil para exigir de manera inmediata la regulación del teletrabajo en el Instituto Armado y la reactivación de los grupos de trabajo en el Consejo de la Benemérita. La organización denuncia que, a pesar de existir proyectos y borradores redactados desde 2023, la falta de una disposición general genera un vacío legal que fomenta diferencias de criterio según la comandancia, da lugar a posibles arbitrariedades en las concesiones y mantiene en la inseguridad jurídica a los guardias civiles que prestan servicio a distancia.
A través de esta iniciativa, JUCIL reclama acceso a todos los documentos y máxima transparencia al Ministerio del Interior. Por esta razón, la asociación solicita la remisión de todos los borradores, protocolos, criterios y expedientes tramitados al respecto desde 2020. Asimismo, la asociación exige conocer el número exacto de solicitudes, autorizaciones y denegaciones gestionadas en los últimos seis años, así como los partes de baja médica y accidentes registrados vinculados a la modalidad de trabajo remoto. Para la asociación, resulta inaceptable que la Guardia Civil quede al margen de la modernización de la Administración Pública, donde el teletrabajo se encuentra plenamente reconocido y regulado mediante el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Por ello, defiende concebir el teletrabajo como una herramienta moderna, medible y compatible con sus funciones, que garantice la igualdad de condiciones frente al resto de empleados públicos con pautas claras en jornada, desconexión digital, provisión de medios y prevención de riesgos.
Asimismo, JUCIL pone el foco en la desprotección en materia de salud laboral y reclama que la normativa interna sobre incapacidad temporal contemple expresamente el teletrabajo como un ámbito en el que se pueden sufrir accidentes en acto de servicio. Amparándose en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo —que reconoce la presunción de accidente laboral en episodios médicos graves ocurridos durante la jornada remota— y en la aplicación del Real Decreto 67/2026, la asociación profesional enfatiza que la Administración debe garantizar la máxima cobertura jurídica a los efectivos que realizan sus tareas desde el domicilio.
Con esta actuación, JUCIL reafirma su compromiso inquebrantable en la defensa firme de los derechos laborales, sociales y económicos de todos los miembros del Instituto Armado. La asociación mantendrá su exigencia permanente ante las instituciones para erradicar cualquier atisbo de discriminación respecto al resto del sector público, garantizando que el avance hacia la modernización no se realice a costa de la protección, el bienestar y las condiciones de trabajo de los guardias civiles y sus familias.
