JUCIL reclama explicaciones a la Dirección General de la Guardia Civil por la posible desaparición de la unidad GRS nº8 de las islas canarias y solicita que se dote al GRS nº8 de instalaciones propias.
Tras el anuncio del Jefe de Zona de Canarias en el que se planteaba la posible disolución de la unidad antidisturbios GRS n.º 8, con sede en Tenerife, JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha presentado un escrito ante la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), en el que solicita la confirmación de estos planes y pone de manifiesto su rotundo rechazo, al entender que el motivo esgrimido, la falta de instalaciones propias, carece de peso suficiente para su desaparición de las islas.
Es más, la falta de instalaciones adecuadas para su uso y disfrute —esta unidad se encuentra ubicada actualmente en el Aeropuerto de Tenerife Norte— es solo achacable, según JUCIL, a la desidia de la Dirección de la Guardia Civil, que no se ha preocupado en dar solución a un problema que se lleva arrastrando años.
JUCIL ha señalado que esta razón pone en grave riesgo la seguridad ciudadana, pues, al retirar a estos efectivos de las Islas Canarias, los isleños quedarían desprotegidos de importantes amenazas que están cubiertas en la actualidad por el GRS n.º 8, que cuenta entre sus cometidos principales el control de masas, intervenciones de riesgo —donde destaca su labor antiterrorista o en emergencias medioambientales— y control de inmigración ilegal.
Suprimir a este grupo de tanta importancia en el archipiélago por el simple hecho de carecer de una sede propia es una de las mayores imprudencias que se pueden cometer contra la ciudadanía, máxime en un momento como el actual, en el que España se encuentra en una alerta antiterrorista alta y siendo esta zona insular la puerta de entrada de miles de personas anualmente, desbordando los servicios existentes.
Además de la seguridad pública, esta cuestión está generando inquietud entre los más de 100 efectivos que componen esta unidad y sus familias, que llevan ya muchos años arraigados en la isla.
En caso de confirmarse esta medida, JUCIL ha solicitado que, además de paralizar los planes de disolución del GRS n.º 8, se faciliten los recursos necesarios para dotar a la unidad de instalaciones propias y que puedan permanecer en la isla, en la capital o en las localidades próximas al Aeropuerto.
En una reunión convocada por el Partido Popular de Canarias para tratar este tema con todas las asociaciones de la Guardia Civil, el representante de JUCIL ha dejado claro que desde su organización “no se comprende cómo, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, no se ha procedido a aclarar la situación con un comunicado que habría cortado de raíz los comentarios y bulos que se están extendiendo estos días”.
Asimismo, ha planteado posibles ubicaciones para las nuevas dependencias en El Socorro (Güímar), donde ya se empezaron a hacer obras para acoger al GRS y a otras especialidades de la Guardia Civil, pero que se paralizaron por su coste, o en la Dársena Pesquera.
