JUCIL, la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de cubrir las 17.000 vacantes que existen en la Benemérita y considera que la puesta en marcha por parte de la Dirección General de la Guardia Civil de un nuevo servicio de denuncias telemáticas no es más que un parche digital ante la falta de efectivos.
JUCIL señala además que este sistema no es una novedad real, ya que hasta ahora era posible iniciar una denuncia por esta vía, si bien requería su ratificación presencial. La única diferencia es que ahora, en determinados supuestos, esa ratificación ya no será necesaria. Se trata, por tanto, de una mejora técnica limitada, no de una transformación estructural.
El Ministerio del Interior ha presentado esta medida como un paso hacia la digitalización del Cuerpo. Sin embargo, desde JUCIL critican que esta iniciativa parece más una solución improvisada ante una situación preocupante: actualmente, la Guardia Civil tiene un déficit de más de 17.000 plazas sin cubrir, e indican además que la creación de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), ubicada en León, no resuelve este problema de falta de personal, especialmente en los cuarteles rurales, pues en estas zonas, donde la población cuenta con una media de edad muy alta y sus limitaciones en el uso y acceso a la tecnología es grande, la atención presencial sigue siendo esencial.
Por otra parte, la nueva plataforma requiere personal especializado para revisar, validar y tramitar las denuncias. Sin embargo, no se ha dotado a la Benemérita de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención eficaz y ágil. En lugar de reforzar las plantillas, se está sobrecargando aún más a los agentes existentes, que ya trabajan con medios limitados y en condiciones precarias.
Aunque se ha anunciado que ya no será necesario acudir físicamente al cuartel, lo cierto es que esta opción solo está disponible para delitos menores y sin violencia como hurtos, daños, robos de vehículos o extravío de documentación. De hecho, en casos con autor conocido, testigos, violencia o si el denunciante es menor, sigue siendo obligatorio personarse. Además, la denuncia no se considera válida hasta que es revisada y confirmada por la Oficina Nacional, por lo que no se cuenta con la posibilidad, más que real, de los fallos técnicos que puedan darse en el sistema y que de hecho ya se han producido hasta la fecha.
JUCIL insiste en que la digitalización no puede ser una excusa para recortar servicios ni para ocultar la falta de efectivos. La Guardia Civil necesita inversión, planificación y respeto. Y la ciudadanía merece una atención de primera, no una pantalla que sustituya a ese agente que ya no está.
