Jon Iñarritu, diputado de Bildu: “La Guardia Civil me ha querido sancionar por la cara”

Finalmente la propuesta para sanción no ha sido interpuesta por la mediación de altas esferas del Ministerio del Interior, tras una llamada del diputado de Bildu según diferentes medios de comunicación

0
Jon Iñarritu (EH Bildu)/ Foto Senado
- Publicidad -
depol-academia-policia-h50
Comparte ese artículo

El diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, , ha cargado duramente en las redes sociales contra un comandante de la Guardia Civil que pretendía denunciarlo por presuntamente incumplir las normas de confinamiento. Una llamada a altas instancias del Ministerio del Interior, según Europa Press, lo evitó.

El diputado fue interceptado en un control de la Guardia Civil sobre las cinco y media de la tarde, en el kilómetro 57 de la A-1, a la altura de La Cabreracuando. Según la propia versión de Iñarritu, regresaba a su domicilio en Vizcaya, tras haber participado durante la semana en varias comisiones y en el Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid.

El mando responsable de dicho control, al parecer un comandante, le advirtió que lo iba a proponer para sanción al existir indicios suficientes para pensar que se estaba saltando las medidas de limitación de movilidad por el COVID-19.

Según publica Europa Press, una llamada de teléfono a altas instancias del Ministerio del Interior bastarían para que la anunciada denuncia no se llevara a cabo. “Tras 20 minutos, me informan de que me van a sancionar. No me quieren explicar la razón ni dar el resguardo. Tras llamar se disculpan por el error”, señaló Iñarritu.

Este mismo medio apunta a que Marlaska llamó al diputado abertzale “por deferencia al ser un diputado con el que, además, tiene una relación habitual”. Iñarritu, según estas fuentes, “ha agradecido la llamada y ha comentado que el trato de la Guardia Civil ha sido correcto”. La presidenta del Congreso, Batet,  llamaron al diputado para interesarse por los hechos, según del diario ABC o El País.

“La Guardia Civil (un comandante) me ha querido sancionar por la cara“, decía en su cuenta Twitter el jueves por la noche. “Si lo hacen con un diputado, qué no harán con el resto de ciudadanos”, añadiendo que previamente ya había denunciado “la arbitrariedad y desproporción en muchas de las sanciones”. 

El percance y, especialmente las acusaciones sucesivas por parte de este representante público, ha levantado el malestar en el seno de la Guardia Civil. Desde la Asociación Pro Guardia Civil (Aprog) advirtieron de que estarán muy atentos ante cualquier tipo de actuación de Interior sobre los agentes que pararon al diputado.

“Desde Aprog nos ponemos a disposición de cualquier compañero participante en este dispositivo en caso de haber padecido algún tipo de injerencia en el transcurso del servicio”, ha señalado esta asociación. La réplica del diputado vía tuit no haría esperar: “La “injerencia” de la ultraderecha, vía asociaciones y sindicatos, en cuerpos policiales hace que se genere un clima de impunidad” (Hemos corregido las faltas ortográficas).

La Guardia Civil no multa, propone para sanción

Analizado el caso, sorprende el revuelo formado por la actuación de la Guardia Civil durante un control encaminado a controlar y vigilar el debido cumplimiento de las medidas decretadas en el real decreto que regula el estado de alarma, y nunca, orientado a crear “climas de impunidad”, “abusos policiales”, “arbitrariedades” o “desproporciones”, como se les acusa en esta ocasión. Cabe recordar que se trata de una de las instituciones mejor valoradas del Estado por los ciudadanos y la descalificación pública por parte de un servidor público puede resultar especialmente hiriente.

Los agentes de la autoridad, en el uso de sus funciones, tienen el deber de proponer para sanción todas aquellas actitudes que, según las circunstancias, entiendan deben ser objeto de reproche administrativo. En ningún caso multan o sancionan, el competente de tal menester, en cuanto a las denuncias de seguridad ciudadana se refiere, es la Delegación de Gobierno de Madrid, en este caso.

Todo ciudadano tiene derecho a interpelar la decisión del agente a través de un pliego descargo, presentado ante el órgano instructor, con todas las pruebas o documentos justificativos para defender la presunción de inocencia que nos confiere a todos el estado de derecho y, en tal caso, acudir a los tribunales, si entendiera que la sanción finalmente impuesta no se ajusta a derecho o con la realidad de los hechos.

En ningún caso, parece de recibo que el efecto de dichas propuestas cese a golpe de teléfono, por ser diputado o por ostentar un cargo público, y se obvie los conductos reglamentarios legalmente establecidos. La Constitución es clara al respecto:  “Todos somo iguales ante la ley”.  

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí