La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que el Ministerio del Interior sigue resistiéndose a reforzar el despliegue policial en Ceuta tras la grave crisis migratoria sufrida por la Ciudad Autónoma el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de subsaharianos violaron el perímetro fronterizo de nuestro país con Marruecos entrando a nado en territorio nacional. Pese a la entidad innegable de lo que ya constituye el mayor incidente fronterizo gestionado en democracia por los policías nacionales, el departamento de Grande-Marlaska mantiene una respuesta timorata, basada en una asignación de refuerzos claramente insuficiente en áreas como la de extranjería y fronteras. Esa cicatería en el despliegue policial no envía el mensaje disuasorio que necesitamos en este momento para que quien pueda estar agitando en redes sociales un nuevo intento de asalto fronterizo entienda que España responderá con firmeza y determinación.
A juicio de CEP, lo ocurrido en Ceuta no es un incidente fronterizo o un mero problema de orden público. Lo ocurrido a finales de julio constituye una clara amenaza contra la seguridad nacional y como tal debe ser entendida y atendida. Que hasta 75.000 personas hayan accedido a Ceuta durante varios días -por mucho que luego hayan abandonado voluntariamente la ciudad- y que varios miles -entre cinco y ocho mil, según las fuentes- hayan permanecido en ella requiere una respuesta ajustada a la dimensión de un incidente que, entre otras consecuencias, no sólo ha puesto a prueba a los policías destinados en aquella Jefatura Superior sino que, además, les ha generado una sobrecarga laboral inasumible si no se produce un refuerzo contundente del despliegue en todas las facetas de la seguridad pública.
En este sentido, el anunciado refuerzo de sólo seis agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras resulta ridículo cuando los compañeros de la Jefatura Superior de Ceuta están teniendo que tramitar cientos y cientos de expedientes administrativos vinculados a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta avalancha de trabajo exige un refuerzo de efectivos mucho mayor, teniendo en cuenta que, además, ese proceso requiere el concurso de otros profesionales (abogados, traductores, fiscales, jueces, etc.) que se encuentran igualmente sobrepasados por esta situación. La prioridad en este momento no sólo es mantener la seguridad de la frontera y de las calles de la ciudad sino que debe incluir también una gestión ágil de los expedientes que se incoan a todos los ciudadanos que, una vez en nuestro país, se encuentran en situación irregular.
Por otra parte, la llegada en estas horas de 45 agentes más de las Unidades de Intervención Policial, hasta completar un total de 270 efectivos, exige una continuidad para ir alcanzado cifras que garanticen la tranquilidad de los vecinos de Ceuta y, sobre todo, el blindaje de nuestra frontera con Marruecos. Ceuta merece una respuesta del Estado a la altura del desafío que está viviendo y si algún mensaje es el adecuado en este momento, desde el punto de vista policial, es el del blindaje fronterizo y la tolerancia cero frente a quien no respeta la legalidad. Porque esa apuesta, la de la firmeza, es esencial para que las mafias u otros actores que estimulan, en el entorno físico o en el virtual, este tipo de oleadas migratorias entiendan que no van a lograr por la fuerza nada.
Los policías nacionales necesitamos más músculo en el ámbito de los recursos humanos. Tanto para hacer frente a este tipo de situaciones como para poder preservar nuestra propia seguridad a la hora de garantizar la de los demás. Aunque el catálogo de puestos de trabajo de la Jefatura Superior está cubierto por encima del 96%, hay margen para aumentar ese porcentaje y, sobre todo, para diseñar un despliegue permanente y estable en Ceuta que sea el que requieren los principales desafiadores a los que debemos hacer frente en el siglo XXI. Interior no puede aplicar aquí la misma receta que en otras crisis -comisionar refuerzos, en condiciones de alojamiento y retributivas que rozan la miseria, hasta que desciende la presión- sino que debe apostar sin reservas por acometer una reforma potente del despliegue policial permanente en esa ciudad que aumente significativamente las capacidades en todas las áreas: seguridad ciudadana, extranjería y fronteras, policía científica, policía judicial e información.
Finalmente, si algo ha demostrado esta crisis es que la Ley Orgánica de extranjería pide a gritos una reforma basada en el principio de blindaje fronterizo. Que diseñe y consolide un modelo de rechazo en frontera sin rendijas o coladeros; ni en los ocho kilómetros de vallado terrestre ni en nuestras aguas territoriales. Que agilice plazos. Que introduzca mecanismos extraordinarios frente a situaciones excepcionales, como la vivida en Ceuta. Que permita el blindaje físico del actual vallado, con elementos mucho más eficaces. Y que se alinee con las políticas europeas en esta materia. Porque si algo debemos tener claro es que la lucha contra la inmigración irregular constituye un fenómeno global -en no pocas ocasiones, espoleado por quienes prefieren que los más jóvenes abandonen sus países ante la falta de perspectivas laborales- frente al que sólo cabe la coordinación, la solidaridad y la lealtad recíproca.
